sábado, 13 de septiembre de 2014

TEMA 13. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1978-2000)




          1.      INTRODUCCIÓN.
          2.      LA TRANSICIÓN POLÍTICA HASTA 1.982
          3       LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
          4.      EL ESTADO DE LAS AUTONIOMÍAS
       5.  LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DESDE 1982 HASTA 20
                    - Los gobiernos del PSOE (1982/1996)
                    - Los gobiernos del PP (1996/2004)
                              - El PSOE de nuevo en el gobierno (2004-2011)

           6. CONCLUSIONES

   
         1. INTRODUCCIÓN
La transición a la democracia es el período de restauración de las instituciones democráticas que tuvo lugar en España entre 1975 y 1982. Esta transición comenzó con la muerte del general Franco y la proclamación de Juan Carlos I (1975) como rey y jefe del Estado. La victoria electoral del PSOE, en 1982, ha sido aceptada generalmente como el momento histórico que marcó el fin de la transición. La evolución fue paulatina y pacífica por lo que no se produjeron cambios económicos y sociales bruscos.

En 1975 a la muerte de Franco existían tres opciones como posible salida política: la primera el continuismo que pretendía el llamado "Bunker"; la segunda la ruptura democrática, línea preferida por la izquierda (PSOE y PCE) y la tercera la reforma de la que era partidaria el Rey y las altas personalidades del Régimen.

 El camino de la reforma fue el triunfante. Se hizo desde dentro del propio régimen, teniendo como artífices a Juan Carlos I, a Adolfo Suárez y a Torcuato Fernández Miranda, contando además con la colaboración de los nacionalistas y de la izquierda, a través del consenso. Incluso  la jerarquía eclesiástica, encabezada por el cardenal Tarancón, apoyó el reformismo, animó a la oposición liberal y contribuyó a reblandecer la agresividad de la derecha conservadora contra el cambio.

El protagonismo principal fue de los jóvenes reformistas provenientes del régimen, pero la oposición, que quería una ruptura, aceleró el proceso. En definitiva se realizó una ruptura por procedimientos reformistas o una reforma tan profunda que logró hacer desaparecer lo reformado; los historiadores se inclinan por el término ruptura consensuada.

Así, la evolución se realizó desde la propias leyes del régimen. No hubo una ruptura radical que podía haber llevado a una involución, sino que se procedió a un desmantelamiento paulatino y progresivo de las antiguas instituciones.

Transición Política


        2. LA TRANSICIÓN POLÍTICA HASTA 1982

La transición fue fruto de un acuerdo, consenso o pacto entre algunos dirigentes del antiguo Estado franquista y la oposición. Aunque se basó en pactos entre políticos, la presión y movilización popular influyó decisivamente para que se produjeran cambios sustanciales.

Tras el juramento del príncipe Juan Carlos de Borbón como rey (y, por tanto, como jefe del Estado) el 22 de noviembre de 1975, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, fue confirmado en su cargo (diciembre de 1975). La continuidad de Arias Navarro, que había sido nombrado por el dictador, significaba la vigencia del régimen. Sin embargo, el proyecto fracasó, debido, en gran parte, al enfrentamiento personal entre Arias Navarro y el propio rey y con la oposición, iniciándose un periodo de inestabilidad: huelgas, manifestaciones, fuertemente reprimidas que le llevarían a dimitir.

La actividad de la oposición se aglutinaba, por una parte, en la Junta Democrática, creada en 1974 y liderada por el PCE; y por otra, en la Plataforma de Convergencia Democrática, constituida en 1975 e impulsada por el PSOE.

Ambos grupos se unieron y formaron Coordinación Democrática, un organismo de la oposición antifranquista que concentraba prácticamente a todas las fuerzas políticas y sindicales que no estaban reconocidas por ley. La Coordinadora, conocida como Platajunta, publicó su primer manifiesto en marzo de 1976. En Cataluña, la oposición se unió en la llamada Assemblea de Catalunya.

Durante estos meses se sucedieron, asimismo, importantes problemas de orden público (sucesos de Vitoria y Montejurra, en Navarra, entre marzo y mayo de 1976). Tuvieron lugar, además, una oleada huelguística, en el contexto de una crisis económica cada vez más acentuada, y varios atentados terroristas de ETA y GRAPO.

Finalmente, presionado por el monarca, Arias Navarro dimitió en julio de 1976. Según la legislación vigente, el nuevo presidente del Gobierno debía ser elegido por el rey entre tres candidatos (terna) propuestos por el Consejo del Reino, institución dirigida por Torcuato Fernández Miranda. Este, de acuerdo con el monarca, incluyó en la terna a Adolfo Suárez, que era su candidato preferido y también el del rey.

El Gobierno, presidido por Suárez (julio de 1976-junio de 1977) promovió la aprobación de la Ley para la Reforma Política aprobada el 18 de noviembre de 1976 como instrumento jurídico que permitió articular la transición hacia un sistema constitucional democrático  y que establecía unas nuevas Cortes bicamerales (formadas por un Congreso y un Senado). Se daba por hecho, aunque la ley no lo indicara expresamente, que las nuevas Cortes tendrían carácter constituyente. El Congreso sería elegido por sufragio universal; sin embargo, una quinta parte de los miembros del Senado serían nombrados por el rey. Además, el Gobierno quedaba facultado para convocar elecciones. La ley fue debatida y aprobada mayoritariamente por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y aprobadas en referéndum el 15 de diciembre de 1976.

El nuevo gobierno iba a conseguir desmantelar todas las estructuras políticas y sindicales del régimen anterior a instaurar la democracia en España: a partir de enero de 1977, el tema central del debate político fue la legalización
de los partidos que deberían presentarse a los futuros comicios. El Gobierno tenía dificultades para legalizar al PCE, debido al recuerdo de la Guerra Civil que este partido suscitaba y al anticomunismo visceral, difundido por el franquismo, que impregnaba a las derechas españolas y al Ejército. Suárez preparó muy discretamente su legalización, que se hizo efectiva el 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa.

 En este contexto comenzaron a surgir numerosos partidos políticos que se agruparon en cuatro grandes formaciones: Alianza Popular (derecha), Unión de Centro Democrático (centro), PSOE (izquierda) y PCE (izquierda). También adquirieron influencia los partidos nacionalistas como el PNV (en el País Vasco) y Esquerra Republicana de Catalunya y Convergencia i Unió (CiU), en Cataluña.

Finalmente, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas y plurales que España había tenido desde 1936. La formación política ganadora (sin mayoría absoluta) fue UCD (Unión de Centro Democrático) presidida por Adolfo Suárez. Le seguía el PSOE .que había realizado un giro hacia la socialdemocracia en el Congreso de Suresnes (1974) y estaba dirigido por el joven abogado sevillano Felipe González. Después, descolgados, quedaron el PCE, liderado por Santiago Carrillo y Alianza Popular, partido fundado por Manuel Fraga. Los partidos nacionalistas, Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV), ganaron las elecciones en Cataluña y País Vasco.

Entre 1977 y 1979, ya con un Gobierno y unas cámaras democráticas, predominó la política de acuerdos (consenso) que permitió firmar el 25 de octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, acuerdos firmados por el Gobierno y los representantes de los principales partidos de la oposición, que involucraban a la patronal y a los sindicatos. Era un ambicioso proyecto para luchar contra el paro (que afectaba a un millón de trabajadores) reactivar la inversión y frenar la inflación.

Los tres grandes objetivos de estas Cortes fueron:

-Elaborar una nueva constitución a partir de la Ley de Reforma Política.
-Construir el Estado de las Autonomías.
-Gestionar una política económica.

Una vez aprobada la Constitución (referéndum de 6 diciembre de 1978) se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo de 1979) que volvió a ganar la UCD, aunque en minoría. Se diseñó, entonces, el mapa autonómico, se desarrolló el Estado de las Autonomías, con la aprobación de
Estatutos y la celebración de las primeras elecciones autonómicas para constituir los respectivos parlamentos autonómicos. Se celebraron también en 1979 las primeras elecciones municipales democráticas. También se aprobó el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Divorcio. España ingresó en la OTAN y el PSOE renunció a su ideología marxista y se encaminó hacia un liderazgo centrado en la figura de Felipe González.

La UCD, partido gobernante, entró en decadencia. La heterogeneidad de sus miembros y la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno en mayo de 1980 incidieron negativamente sobre el liderazgo de Adolfo Suárez, que recibió críticas de su propio partido; Suárez dimitió como presidente del Gobierno en enero de 1981. La UCD eligió como sucesor a Leopoldo Calvo-Sotelo, quien, sin embargo, no pudo detener la descomposición del partido. Adolfo Suárez incluso lo abandonó para crear el Centro Democrático y Social (CDS) en julio de 1982.

En esta tesitura, se produjo un intento del golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. En esta fecha, un destacamento de cerca de doscientos guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpieron en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura (en la primera no logró la mayoría absoluta) de Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno y tomaron a los parlamentarios y al Gobierno como rehenes.



En Valencia, el general Jaime Milans del Bosch declaró el estado de guerra. También participó en la conspiración, entre otros oficiales, el general Alfonso Armada. La falta de apoyo a los golpistas por parte de los altos mandos militares y la postura contraria del rey (que desautorizó a los golpistas ante las cámaras de televisión seis horas después de la ocupación del Congreso) frustraron la operación.

Las elecciones generales de octubre de 1982 dieron un vuelco al panorama político español; por sus resultados (victoria electoral arrolladora del PSOE obteniendo la primera mayoría absoluta de un partido político en la democracia española) y sus consecuencias se han considerado el punto final de la etapa de transición democrática iniciada en 1975.


3.   LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

El diseño del texto constitucional se fundamentó en el consenso: una comisión o ponencia formada por siete miembros (Padres de la Constitución) redactó un anteproyecto que se debatió en las Cortes (mayo-octubre de 1978). La Constitución fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre,  en referéndum el 6 de diciembre y promulgada el 29 de diciembre de 1978. Se trata de uno de los textos constitucionales más extensos de la Historia de España. Tomó como modelo la Constitución de 1931 en aspectos de tipo social y otras normas europeas (Ley fundamental de Bonn de 1949,  Constitución Italiana de 1947,  Constitución portuguesa de 1976 y Constituciones nórdicas).


         Características de la Constitución

Se trata de una constitución escrita, que se enmarca dentro de la tradición del Derecho continental.

Es una constitución rígida por tanto difícil de modificar. El consenso obtenido hizo que el texto sea en ocasiones ambiguo, permitiendo que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha.

         Es la Constitución democrática de más larga vigencia y la segunda más extensa de las constituciones españolas, después de la Constitución de 1812.

 El texto constitucional de 1978 contiene los siguientes principios:

  • - España es un Estado democrático.
  • - La soberanía nacional reside en el pueblo español.
  • - La forma del Estado es la monarquía parlamentaria.
  • - L a unidad de España es compatible con la pluralidad nacional.
  • - Libertad e igualdad.

         El rey es el Jefe del Estado. Sanciona y promulga las leyes, disuelve las Cortes y convoca las elecciones; es inviolable y no está sujeto a responsabilidad; además, está al margen del debate político. El monarca también tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. En la sucesión a la jefatura del Estado se favorece al varón sobre la mujer (contradice igualdad de género), lo que convierte al tercer hijo de don Juan Carlos, Felipe, en el heredero al trono.

         La Constitución consagra la división de poderes. El poder legislativo reside en las Cortes.      Estas son bicamerales, el Congreso de los Diputados y el Senado, y  elegidas por sufragio universal.
 
Además de la potestad legislativa, las Cortes tienen otras funciones: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el control de la actuación del Gobierno, amén de otras como como el nombramiento  de Magistrados del Tribunal Constitucional, el de vocales del Consejo General del Poder Judicial, el de consejeros del Tribunal de Cuentas y el de Defensor del Pueblo. También proveerán sucesor de la Corona, Regente o tutor cuando se agote la línea de sucesión al trono.

         El Congreso tiene mayor peso en la aprobación de las leyes, mientras que el Senado prácticamente se limita a refrendarlas. Esta cámara tiene, asimismo, carácter de representación territorial: en cada provincia, los ciudadanos eligen directamente a cuatro senadores (excepto en las islas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las que se elige a un número menor de representantes en el Senado); por otra parte, cada comunidad autónoma designa varios senadores más.

El poder ejecutivo lo ejerce el Gobierno, que dirige la política interior y exterior y depende, para su permanencia, de la confianza del legislativo.

El poder judicial corresponde a los juzgados y tribunales; en la cúspide del sistema judicial español se encuentra el Tribunal Supremo.


La Constitución de 1978 creó un Tribunal Constitucional para la defensa y protección de los derechos individuales y la resolución de conflictos de competencias entre las instituciones del Estado y las de las comunidades autónomas. Este Tribunal decide si las leyes españolas son o no acordes con la Constitución de 1978. Se estableció también la figura del Defensor del Pueblo para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos; con este fin, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para supervisar la actuación de las administraciones públicas.

En la Constitución se recoge una declaración de derechos y libertades muy avanzada. Como novedad respecto a constituciones españolas anteriores, la actual incluye numerosos derechos de carácter social y económico.

La Constitución reconoce la separación entre la Iglesia y el Estado. Se indica que España es un Estado aconfesional y se proclama la libertad religiosa. En este aspecto, la Constitución española es muy moderada, ya que abre cauces para la protección estatal de las creencias religiosas y su promoción a través de la educación, lo cual resulta llamativo en un Estado laico. Cuando se redactó el texto en 1978, se pensó en proteger la religión mayoritaria, la católica, para evitar la polémica religiosa. La protección se amplía, sin embargo, a otras confesiones religiosas existente en la sociedad española, comprometiéndose el Estado a garantizar el derecho a la formación religiosa y moral.


4.   EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

España se define como una unidad nacional, pero se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, con amplias competencias y gobiernos propios -un nuevo Estado no centralista, en una situación intermedia entre la descentralización administrativa y el federalismo-. La organización territorial del Estado español está diseñada en la Constitución de 1978 de una manera ambigua: puede evolucionar hacia un Estado federal, pero también pueden modificarse las competencias transferidas por el Estado a los entes territoriales o comunidades autónomas.

El nivel de desarrollo autonómico queda sujeto, por tanto, a la capacidad de negociación de cada comunidad autónoma y al equilibrio de fuerzas políticas de cada momento. Esta circunstancia ha llevado a los movimientos nacionalistas y regionalistas a buscar el apoyo electoral suficiente para exigir más competencias al Estado; éste, por su parte, se encuentra así en un proceso de construcción permanente. En la actualidad, el Estado español es uno de los más descentralizados de Europa.

El texto constitucional distingue entre las nacionalidades, también conocidas como comunidades históricas, y el resto de las regiones. Con el término nacionalidades se alude en la Constitución (sin nombrarlas expresamente) a Cataluña, el País Vasco y Galicia, regiones que habían tenido estatutos o proyectos de autonomía antes de la Guerra Civil. Se consideraba que estos territorios tenían una identidad nacional y cultural propia. 

Como consecuencia, se establecieron dos vías para crear comunidades autónomas:


  • ·  La prevista en el artículo 151 de la Constitución, también llamada “vía rápida”, que permitía el acceso directo e inmediato al nivel máximo de competencias mediante la aprobación en referéndum de un Estatuto de Autonomía. Este procedimiento se diseñó para las nacionalidades históricas, aunque también fue empleado en Andalucía tras el referéndum del 28 de febrero de 1980.
  • ·  La establecida por el artículo 143, conocida como “vía lenta”. Estas comunidades podían asumir todas las competencias en el plazo de cinco años y no precisaban un referéndum para crearse.
  • ·  Debemos de aclarar que la Comunidad de Canarias y de Valencia a través de las Leyes Orgánicas de 1982 consiguieron transferencias de competencias del mismo nivel que las comunidades históricas. En el caso de Navarra gracias a la Ley de Mejoramiento de los Fueros Navarros también adquirió  el máximo techo competencial.



Entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de diecisiete comunidades autónomas existentes:


  • ·  País Vasco y Cataluña. El 25 de octubre de 1979 se aprobaron en referéndum los primeros Estatutos de Autonomía en Cataluña y el País Vasco o Euskadi. Las elecciones para constituir los parlamentos autonómicos se celebraron en ambas comunidades en 1980; en ellas ganaron partidos nacionalistas de derecha moderada. En Euskadi, la hegemonía política correspondió al PNV, que permitió a Carlos Garaicoechea convertirse en el primer lendakari de la Comunidad Autónoma. En Cataluña, el triunfador fue CiU, partido que llevó a la presidencia de la Generalitat a Jordi Pujol.
  • ·  Galicia. Fue la tercera región que se constituyó en Comunidad Autónoma al aprobar su Estatuto de Autonomía mediante referéndum en diciembre de 1980. En las primeras elecciones autonómicas (celebradas en 1981), los gallegos se decantaron por la derecha, votando a AP y a UCD.
  • ·  Andalucía. Intentó acogerse al artículo 151 de la Constitución para crear su Comunidad Autónoma, pero al contar con la oposición de la UCD (que quería aplicar esta vía exclusivamente a las nacionalidades históricas) hubo que organizar un referéndum en febrero de 1980 para que los andaluces decidieran si deseaban acceder a la autonomía plena mediante la vía rápida (que resultó positivo) y otro más en octubre de 1981 para aprobar el proyecto de Estatuto. Las primeras elecciones para elegir al parlamento de Andalucía se celebraron en 1982; en ellas el PSOE ganó por amplia mayoría.
  • ·  El resto de las comunidades autónomas, hasta un total de 17, celebraron sus primeras elecciones autonómicas en mayo de 1983. A estas comunidades hay que añadir Ceuta y Melilla, constituidas en ciudades autónomas en 1995; ambas disponen de un Estatuto de Autonomía y de una asamblea parlamentaria, aunque su nivel de autogobierno es menor que el de las comunidades.

Para financiar el nuevo sistema se promulgó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA, 1980), la cual instituía la centralización de ingresos (realizada por el Estado) y la descentralización del gasto (que llevaba a cabo la propia comunidad autónoma). Esta ley fue modificada en 1996 para admitir la descentralización de los ingresos (conocida como corresponsabilidad fiscal): algunos ingresos los cobran y gestionan los respectivos gobiernos autónomos.

El País Vasco y Navarra disponen de un sistema especial de financiación: los conciertos económicos. Estos fueron establecidos en ambas regiones en el siglo XIX sustituyendo a los derechos forales. Los conciertos económicos implican ventajas fiscales para los residentes en ambas comunidades. La Constitución de 1978 recuperó los conciertos y permitió la descentralización de los ingresos y de los gastos.


   5. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DESDE 1982 HASTA  2000.

           Los gobiernos del PSOE

El PSOE ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993), y su Gobierno se prolongó hasta 1996. Las tres primeras victorias electorales fueron por mayoría absoluta; en 1993, sin embargo, el PSOE tuvo que formar gobierno con el respaldo de otros partidos, en especial CiU. Felipe González fue nombrado, por primera vez, presidente del Gobierno el 1 de diciembre de 1982.



Durante el mandato de Felipe González se produjo la integración de España en las Comunidades Europeas o CEE (actual UE). Los gobiernos de UCD habían iniciado negociaciones en 1977 para el ingreso de España en la CEE. El PSOE logró la integración plena de España en la CEE mediante la firma, el 12 de junio de 1985, de un Tratado de Adhesión (suscrito también por Portugal); este acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1986.

Felipe González tuvo que abordar la situación de España respecto a la OTAN, en la que España había entrado durante el Gobierno de Calvo-Sotelo en 1981. El PSOE era contrario a la permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica. Cuando Felipe González llegó al poder, cambió de opinión y tuvo que realizar un gran esfuerzo para convencer al partido de la conveniencia de permanecer en la OTAN. Finalmente, el Gobierno socialista convocó el referéndum que había prometido, preguntando a los ciudadanos si votaban o no a favor de la permanencia (y no de la salida) de España en la OTAN. La consulta popular se celebró en marzo de 1986: un 52% de los votantes se pronunció a favor de la permanencia y un 39% se manifestó contrario.

Felipe González gobernó ayudado de un grupo reducido de ministros, que solían permanecer  durante mucho tiempo en su cargo. Entre ellos destacaron Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno (1982-1991); Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes, sucesivos ministros de Economía; Narcís Serra, ministro de Defensa durante casi diez años; Francisco Fernández Ordóñez, un político procedente de la UCD que se incorporó al Gobierno socialista como ministro de Asuntos Exteriores en 1985; y Javier Solana, que dirigió varios ministerios.

Al llegar al poder en 1982, el PSOE se propuso realizar una política reformista en España.

Desde su primera etapa de Gobierno, el equipo dirigido por Felipe González se propuso consolidar la democracia. Para ello se adoptaron varias medidas: regulación de los derechos y libertades (participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia a través del jurado y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo -o aborto-; ésta última fue una ley muy restrictiva debido a las presiones de la Iglesia); reforma de la Administración de Justicia mediante un mayor control sobre el Consejo General del Poder Judicial por parte del Parlamento; finalización del mapa autonómico (en 1983 se concluyó el mapa autonómico, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; a continuación se transfirieron a las comunidades autónomas diversas competencias del Estado); establecimiento de la supremacía del poder civil sobre el militar (el Ejército quedó como un cuerpo profesional, al margen de la política y del orden público) y potenciación de la lucha antiterrorista, que se centró en combatir a ETA.

Los gobiernos socialistas de la primera etapa intentaron proporcionar una respuesta eficaz a la crisis económica que arrastraba el país desde 1975. Para lograrlo, emprendieron una política de ajuste económico encaminada a controlar el déficit del comercio exterior (se logró el superávit en la balanza de pagos) y la inflación (que se mantuvo por debajo del 8%). Para realizar el ajuste, fue imprescindible moderar el incremento salarial y aplicar medidas de austeridad económica. Esta política fue aceptada por los sindicatos, incluida la UGT, que era el más afin al PSOE. Asimismo, se abordó una reconversión
industrial que afectó a actividades poco competitivas o excesivamente protegidas por el Estado: la metalurgia vasca, la minería y la siderurgia asturianas, y la construcción naval de Galicia, Cádiz y Sagunto  (Valencia). También se llevó a cabo una reestructuración bancaria que permitió iniciar un proceso de fusión y concentración empresarial entre los bancos españoles. Estas políticas, necesarias para sanear la economía, tuvieron como consecuencia el aumento del desempleo. El Gobierno tampoco logró controlar el déficit público.

         La entrada de España en Europa favoreció la modernización de las grandes infraestructuras (autovías, aeropuertos, trenes de alta velocidad, equipamientos urbanos). La imagen de España en 1992, donde se dieron cita dos grandes eventos (la Exposición Universal de Sevilla en conmemoración del V centenario del descubrimiento de América y los Juegos Olímpicos de Barcelona) proyectaron al mundo la imagen de un país moderno.

En política social se realizaron esfuerzos por mejorar los servicios públicos estableciéndose un sistema de salud universal (Ley General de Sanidad de 1986). Se incrementó la escolarización de alumnos en las enseñanzas media y universitaria y se amplió la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años. Asimismo, se mejoró el sistema de pensiones contributivas y no contributivas. Se ampliaron las prestaciones por desempleo y se establecieron unas condiciones mínimas para su percepción que favorecían a los trabajadores.

A partir de 1988, el impulso reformista de la política del PSOE decayó. Además, en esta etapa empezaron a manifestarse algunos problemas:

·  El crecimiento económico de España en la segunda mitad de los años ochenta implicó el enriquecimiento de algunos empresarios, banqueros y políticos que, generalmente, mantenían buenas relaciones con el poder. La opinión pública interpretó que la tecnocracia y el pragmatismo habían sustituido a los ideales de emancipación propios del socialismo. Más tarde salieron a la luz casos de corrupción que afectaban directamente a los altos cargos de la Administración; estos hechos provocaron la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra en 1991.

·  El Gobierno aplicó una política económica de tipo neoliberal y acabó con numerosas empresas públicas. Los sindicatos, que habían aceptado el ajuste económico en los años ochenta, reivindicaron medidas que aumentaran el bienestar social y respetaran los derechos laborales. La UGT pasó a criticar abiertamente la política del PSOE. La consecuencia de este enfrentamiento fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, organizada conjuntamente por UGT y CC.OO. La huelga tuvo un enorme éxito y obligó al Gobierno a rectificar en su política.

·  El terrorismo de ETA persistió, no solo contra los representantes del Estado sino también contra etarras arrepentidos, políticos vascos no nacionalistas, empresarios y ciudadanos en general. A finales de los años ochenta aparecieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que persiguieron a los activistas de ETA. Se extendió la sospecha de la connivencia del GAL con los cuerpos policiales del Estado y con el propio Gobierno. Esta acusación (y, más tarde, los procesos judiciales contra altos cargos del Ministerio del Interior) repercutieron negativamente en la credibilidad del PSOE.

·  La economía sufrió una recesión tras la celebración en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

·  La política de integración europea prosiguió su curso: el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, con el que se creaba la Unión Europea (UE), institución que sustituía a la CEE, y se establecía un programa de convergencia económica que obligaba a todos los países miembros a adoptar una serie de medidas que les permitieran lograr la Unión Económica y Monetaria (bajo la dirección del Banco Central Europeo), y utilizar una moneda común, el euro. El cumplimiento de este programa implicaba la adopción de medidas de austeridad sumamente impopulares, como la contención del gasto público y la “congelación” de los salarios a los funcionarios.


           Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)

El declive de los gobiernos del PSOE se tradujo en su derrota electoral en 1996; esta circunstancia permitió al Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar, acceder al poder. El triunfo se produjo por un estrecho margen (300.000 votos de diferencia con el PSOE), lo que obligó a gobernar con el apoyo de otros grupos (especialmente CiU). En su primera etapa de gobierno (1996-2000), el PP desarrolló una política centrista y dialogante con grupos políticos y sociales que hasta ese momento le eran hostiles: las minorías nacionalistas (CiU y el PNV) y los sindicatos.



Los apoyos de Aznar en sus primeros gobiernos procedían de políticos de la antigua UCD, como Jaime Mayor Oreja (ministro del Interior), o de una generación de políticos jóvenes que le acompañó en la renovación de su partido, el gobierno del PP consiguió estos resultados:

·  La moderación de sus políticas confirmaron la validez de la derecha española como una alternativa democrática. Así, facilitó la transferencia de competencias a favor de las comunidades autónomas, silenció a los líderes antinacionalistas del PP (sobre todo en Cataluña y el País Vasco), acordó algunas políticas con los sindicatos (para reformar el mercado de trabajo respetando derechos laborales) y mantuvo el poder adquisitivos de las pensiones y el equilibrio financiero de la Seguridad Social (que peligraba con una población cada vez más envejecida). Acabó incluso con el servicio militar obligatorio, iniciando el proceso (concluido en el año 2002) para establecer un Ejército profesional.

·  Una relativa bonanza económica. España cumplió las condiciones exigidas en el Tratado de Maastricht a costa de aplicar severas medidas de austeridad y la venta de empresas públicas (Telefónica, Iberia...) y pudo entrar en la Unión Económica y Monetaria europea adoptando, como la mayoría de los estados miembros de la UE, el euro, que se
puso en circulación en enero de 2002. Además, la tasa de desempleo se redujo, situándose en torno al 10%, y los tipos de interés, el déficit público y la inflación descendieron (todos se mantuvieron alrededor del 5%). El índice de crecimiento anual de la economía española fue, en general, superior al de los países de nuestro entorno.

·  Unos avances significativos en la lucha antiterrorista a través de la desarticulación de comandos terroristas y la movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La reacción de la sociedad fue espectacular tras el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal de PP en Ermua (Vizcaya). Aunque ETA decretó una tregua (1998-1999), posteriormente los atentados continuaron, combinados con violencia callejera, preparados sobre todo para atemorizar a la opinión pública no nacionalista en el País Vasco.

El resultado de estas políticas fue la victoria del PP en las elecciones generales del año 2000 por mayoría absoluta, hecho que le permitió gobernar sin necesidad de buscar acuerdos.


En las elecciones generales de 2000 el Partido Popular ampliaba su respaldo electoral y conseguía mayoría absoluta con 183 escaños, el 44,5% de los votos. El PSOE obtenía un resultado desastroso, con tan solo 125 escaños, el peor resultado desde las primeras elecciones de la transición durante los años 70. El partido sufría una enorme crisis de liderazgo con un candidato, Joaquín Almunia, que había perdido las elecciones primarias con su oponente, Josep Borrell. La estrepitosa derrota ahondó en la crisis del partido y en julio del año 2000, un joven diputado socialista leonés sorprenderá al país al convertirse en nuevo secretario general del PSOE, unificando al partido después de años de luchas internas y suponiendo un claro relevo generacional.
La mayoría absoluta permitió al Partido Popular poner en marcha todo su programa sin restricciones, prescindiendo del apoyo de los nacionalistas de CIU y PNV. Surgieron así nuevas leyes y propuestas que generaron una fuerte controversia y la oposición de los grupos de izquierda. Por un lado, el plan hidrológico nacional que implicaba el trasvase de agua desde el Ebro y el Tajo hacia los ríos de la cuenca mediterránea de Valencia o Murcia; por otro, la Ley de Extranjería que recortaba los derechos de los inmigrantes sin papeles y trataba de regular la creciente inmigración irregular, fomentando los acuerdos de repatriación. España se estaba convirtiendo en uno de los países con más inmigrantes de toda Europa, atraídos por el crecimiento de una economía que demandaba gran cantidad de mano de obra poco cualificada en los servicios, la agricultura o la construcción. La población de España, estancada hasta hacía poco, crecía con mucha fuerza y el número de inmigrantes empadronados pasó de 542.314 en 1996 a 3.034.000 en 2004. El incremento de la inmigración supuso el aumento del racismo, desarrollándose crecientes problemas de convivencia y apareciendo brotes de xenofobia en algunas de las zonas con mayor presencia de población extranjera.
Durante estos años, la política antiterrorista se desarrolló también en una nueva dimensión con la ilegalización de todo el entramado de organizaciones políticas ligadas a ETA. Organizaciones como Batasuna, Segi o Jarrai se convirtieron en ilegales. Este hecho y la presión policial cada vez mayor, unida a la creciente colaboración con Francia, redujo la capacidad operativa de ETA, reduciéndose progresivamente el número de asesinatos hasta no producirse ningún muerto por terrorismo desde junio de 2003 hasta más allá del final de la legislatura.

El 1 de enero del 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los países comunitarios: el euro. Pero las decisiones más controvertidas llegaron en la segunda mitad de la segunda legislatura, en la que el gobierno sufrió una fuerte erosión: la reforma laboral le costó una huelga general y el hundimiento del petrolero Prestige en las costas gallegas, con la consiguiente marea negra, generó un movimiento de protesta hasta entonces desconocido en Galicia y que fue liderado por la plataforma Nunca Máis. Sin embargo, el mayor desgaste lo produjo la participación española en la guerra de Irak, fruto de la cooperación entrecha entre José María Aznar y el presidente estadounidense, George Bush. Se producía así un giro en la tradicional politica exterior española, realizado en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo español, que se movilizó masivamente en la calle a través de multitudinarias manifestaciones bajo el lema "No a la guerra".

En medio de un fuerte desgaste, José María Aznar designa sucesor a Mariano Rajoy, su vicepresidente, un político con experiencia pero con poco carisma, que pierde las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 en medio de una situación de enorme tensión política y social. Unos días antes, el día 11, al-Qaeda atenta en Madrid contra algunos trenes de cercanía y hay casi doscientos muertos. El ministro del interior, Angel Acebes, se apresura y acusa a ETA, aunque todo parecia indicar que detrás estaba el terrorismo islamista, como poco después se demostró. Semejante mentira dañó seriamente la credibilidad de un gobierno muy desprestigiado ya por su participación en la guerra de Irak, y unos días después se produce la victoria de Jose Luis Rodriguez Zapatero en la elecciones generales, donde el PSOE obtiene 164 diputados frente a los 148 del PP.

LOS GOBIERNOS DE JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (2004-2011)

El 11 de marzo del 2004 España vivía uno de los momentos más negros de su historia. Unas bombas destruían varios trenes de cercanías en Madrid y provocaban casi doscientos muertos. La organización integrista Al-Qaeda se vengaba así de la participación española en la guerra de Irak junto a los Estados Unidos. En medio de la confusión y la conmoción general, el gobierno de Jose María Aznar se precipitaba y señalaba a ETA como máximo responsable del atentado. La tensión social aumentó cuando empezaron a aparecer, en las horas y días siguientes, las primeras pruebas que apuntaban a la autoría del terrorismo islámico, lo que condujo a una fuerte movilización social, en medio de las denuncias de la oposición, que criticó abiertamente la manipulación del gobierno. En semejante contexto de crispación, un joven Jose Luis Rodríguez Zapatero, desde el año 2000 secretario general y candidato electoral del PSOE, vencía en las elecciones generales del 14 de marzo del 2004, derrotando al candidato del PP, Mariano Rajoy. El PSOE obtuvo 164 diputados frente a los 146 diputados del PP, lo que suponía una mayoría relativa que le obligó a buscar apoyos y acuerdos durante toda la legislatura. Cuatro años después revalidaría su victoria en las elecciones del 2008, en las que bajo la sombra de una crisis que todavía no resultaba evidente, el PSOE consiguió mantener su fuerza electoral e incrementar incluso el número de diputados hasta los 169. El PP, sin embargo, crecía y reducía su diferencia, alcanzando los 154 diputados. Estos últimos comicios profundizaban así en el bipartidismo y los partidos pequeños reducían drásticamente su representación (Izquierda Unida se quedaba con tan solo dos diputados y perdía el grupo parlamentario propio, mientras los nacionalistas retrocedían).

El periodo de gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero estuvo marcado por dos etapas, coincidentes en lo esencial con cada una de sus dos legislaturas: la primera legislatura se desarrolla entre 2004 y 2008, la segunda legislatura se extiende entre 2008 y 2011 y termina antes de tiempo, porque el gobierno se ve obligado a anticipar las elecciones en medio de una crisis económica, social y política muy aguda.

La primera legislatura de Jose Luis Zapatero (2004-2008)

Su primera legislatura, entre 2004 y 2008, la octava de la democracia española, estuvo marcada por medidas de gran efecto en política exterior que supusieron un cambio de rumbo respecto al gobierno anterior del PP. En cumplimiento de las promesas electorales, Rodríguez Zapatero retiró el ejército español de Irak e inició el desarrollo del proyecto Alianza de Civilizaciones, junto al presidente turco Erdogan, que pretendía crear lazos entre distintas culturas y religiones y cerrar las heridas que la guerra de Irak había abierto entre Occidente y el Islam. Tal postura resultó, sin embargo, compatible con la participación de las tropas españolas en la invasión de Afganistán, esta vez sí, bajo mandato de la ONU.
 En lo que respecta al ámbito de la política interior, España vivió durante estos años una gran expansión económica y un enorme crecimiento del PIB, la renta per cápita de los españoles y su capacidad de consumo se multiplicó y el paro alcanzó mínimos históricos, rondando en el mejor momento el 8%. La llegada masiva de inmigrantes siguió siendo la tónica dominante, mientras la población crecía con fuerza con índices superiores al 1,7%. Esto permitió el desarrollo del programa progresista del gobierno, marcado por una importante profundización en los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y en el estado de bienestar. Hablamos de medidas especialmente llamativas, como la legalización del matrimonio homosexual, que puso a España en la vanguardia en lo que a la tolerancia sexual se refiere -fue el tercer país en legalizarlo tras Bélgica y Holanda- o la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que buscó desarrollar y potenciar la igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos como el laboral o el político, fomentando la paridad en puestos de dirección en la empresas, la administración o en las listas electorales. Se realizó también un especial esfuerzo de concienciación social respecto a la violencia machista, creándose los Juzgados de Violencia de Género, todo esto en el marco de un nuevo ministerio, el de Igualdad, que sin embargo, fue duramente criticado por innecesario por la oposición. Se afianza el estado de bienestar con leyes como la llamada Ley de la Dependencia, que pretendía financiar los servicios que necesitaban aquellas personas que por su enfermedad, accidente o vejez eran definidas como personas dependientes.
La polémica llegó con iniciativas que movilizaron a la oposición y a los sectores más conservadores del país. En el 2006 se aprobaba el nuevo Estatuto de Autonomía Catalán en el parlamento con el apoyo expreso de Zapatero. En él se definía Cataluña como una nación y se profundizaba en su autogobierno. Desde el PP, que colaboró en la reforma de otros estatutos como el valenciano o el andaluz, el rechazo fue rotundo, interponiendo un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional. Finalmente, en el 2010, dicho tribunal dictó un fallo declarando legal buena parte del texto, pero rechazando algunos artículos, en total 14. Antes incluso que a Cataluña, la controversia había alcanzado también al País Vasco, donde en el 2004 los partidos nacionalistas proponían un nuevo estatuto politico para Euskadi, vulgarmente conocido como Plan Ibarretxe, por el nombre del lehendakari nacionalista que lo proponía, Juan José Ibarretxe. Reconocía la nacionalidad vasca y el derecho a la autodeterminación. Aprobado en diciembre por el parlamento vasco fue rechazado por el parlamento nacional, con el voto negativo y en bloque de los dos grandes partidos. Sin embargo, el enfrentamiento entre el PP y el PSOE llegó más tarde, con el inicio de un proceso de negociación con ETA por el que apostó Zapatero con valentía, pero que le costó un fuerte desgaste político y el ataque furibundo de los sectores más derechistas del país. El PP y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo como la AVT desarrollaron una activa movilización contra toda negociación. En el 2004 una ETA muy debilitada, pero todavía con capacidad de atentar, declaraba una tregua. Se iniciaba entonces, un proceso de paz que culminó en el 2006 con unas negociaciones directas entre el gobierno y ETA, en las que Zapatero siempre negó cualquier concesión política. El 30 de diciembre del 2006 todo el proceso de paz se rompía cuando la organización terrorista realizaba un atentado en la T4 del aeropuerto de Barajas y asesinaba a dos ciudadanos ecuatorianos. Desde ese momento, el gobierno se lanzó a una lucha antiterrorista sin cuartel que desgastó fuertemente a ETA, perseguida cada vez más por la policía también en Francia.
La controversia rodeó también otras iniciativas que suscitaron la reacción de los sectores más conservadores. Por un lado, el desarrollo en el 2005 de un proceso de regularización de inmigrantes, que pretendia solucionar el problema grave de la existencia de un millón de extranjeros sin papeles en todo el país. La regularización exigía el contar con un contrato de trabajo y la situación de cientos de miles de inmigrantes fue legalizada. El PP rechazó todo el proceso, entendiendo que iba a provocar lo que se dio en llamar un "efecto llamada". Por otro lado, el gobierno fue acusado de remover los odios del pasado al poner en marcha la Ley de la Memoria Histórica que establecia la ilegitimidad de los tribunales durante la guerra civil y el Franquismo, el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, así como la retirada de los símbolos franquistas de los espacios públicos. La ley tuvo el rechazo del PP, pero también de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, porque dejaba de lado la exhumación de los cádaveres y la apertura de las fosas comunes.
La segunda legislatura de Jose Luis Zapatero (2008-2011)

Su segundo mandato estuvo determinado por el impacto de una fortísima crisis económica, mucho más grave de lo inicialmente previsto por su gobierno y por la mayoría de los organismos internacionales. Sin embargo, el PSOE ganó las elecciones de 2008 negando la existencia de tal crisis, considerada en ese momento una simple desaceleración. Pronto, tal apreciación se reveló errónea y costó al presidente Zapatero parte de su credibilidad politica, siendo criticado siempre por su tardanza en reaccionar, al no haber tomado las medidas necesarias con la prontitud requerida. El colapso del sector financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria se vio acompañado por el hundimiento del consumo interno, todo lo cual produjo el crecimiento desenfrenado del desempleo, que alcanzó la barrera psicológica del 25% por ciento en 2012 y superó el 26% al año siguiente. La construcción había sido el motor económico y laboral del país en los quince años anteriores. En un principio el gobierno de Rodríguez Zapatero optó por políticas de gasto público para estimular la economía, ese es el caso del llamado Plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, que pretendía inyectar grandes cantidades de dinero en la economía para dinamizarla y reducir así el desempleo. Aunque el plan ayudó a contener el paro, recibió muchas críticas porque muchas de las inversiones y proyectos, gestionados en su mayoría por los ayuntamientos, resultaron improductivos, provocando además un rápido crecimiento de la deuda del Estado.
A mediados del 2010 la situación sufría un dramático vuelco: estallaba una fuerte crisis en Grecia que condujo al país heleno al borde de la quiebra, con el consiguiente peligro de contagio a otras naciones como España. Se aprueba entonces por la Unión Europea la creación de un fondo de rescate para los países con dificultades, a cambio éstos a su vez debían realizar un esfuerzo brutal y comprometerse a recortar drásticamente su déficit públicos. Tras la crisis griega, la creciente desconfianza de los mercados y el exceso de endeudamiento, así como el hundimiento de los ingresos fiscales, condujo a España hacia un precipicio. La presión internacional y el riesgo creciente de ser intervenidos, obligó al gobierno de Zapatero a cambiar radicalmente su política económica, tomando duras medidas para el control del déficit. Se iniciaron entonces fuertes recortes y ajustes en los gastos del Estado, los mayores de la democracia hasta entonces: se reducía el salario de los funcionarios en un 5% y se congelaba en 2011, se reformaban las pensiones, congeladas también en el 2011, a la vez que se subía la edad de jubilación hasta los 67 años. Igualmente el Estado recortó un total de 6000 millones de euros en inversiones, suprimió el llamado "cheque bebé" y redujo la ayuda al desarrollo en 600 millones. Se puso en marcha una reforma laboral en junio del 2010 que buscaba flexibilizar el mercado de trabajo y abaratar el despido, lo que le costaría a Zapatero su primera huelga general el 29 de septiembre.
Este brusco giro en su política económica y los ajustes realizados, desgastaron enormemente al gobierno de Rodríguez Zapatero, restándole credibilidad ante su electorado más de izquierdas. En ese contexto, y según aumentaba el desempleo, bajaban los salarios y se reducía el gasto público y la protección social, crecía la conflictividad social y se multiplicaban las huelgas. Es el momento en el que surgió el Movimiento 15 M, también llamado "de los indignados", un movimiento ciudadano al margen de toda vinculación política y que había surgido de forma espontánea a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 de la Puerta del Sol madrileña, donde se iniciaba una histórica acampada que durará meses. Extendido con rapidez por toda España, cuestionaba el modelo económico capitalista y el sistema financiero existente, a los que atribuían el origen de la crisis, así como la corrupción y déficit democrático del sistema de partidos: se rechazaba la ley electoral y el bipartidismo dominante, se cuestionaba la representatividad de los partidos clásicos, exigiendo "una democracia real". En los primeros meses, el movimiento mostró una gran capacidad de movilización, aunque con el tiempo fue perdiendo fuerza.
En medio de una fuerte conflictividad, la controversia rodeó también la puesta en marcha de la nueva ley antitabaco, que entró en vigor en enero de 2011 y que modificaba la anterior ley antitabaco de 2006. Se extendía la prohibición de fumar a todos los espacios de uso colectivo y locales abiertos al público que no estuvieran al aire libre, limitándose incluso en lugares abiertos. El mundo de la restauración, ya muy afectado por la crisis, se opuso abiertamente, aunque para sorpresa de muchos la ley caló pronto entre la ciudadanía y su cumplimiento se desarrolló con normalidad.
Ante la presión creciente de los mercados, con una prima de riesgo desarbolada, y el enorme riesgo de que el país fuera intervenido, siendo objeto de un rescate internacional,
Zapatero decidió adelantar las elecciones a noviembre del 2011, renunciando además a ser candidato. Sería Alfredo Pérez Rubalcaba el nuevo candidato socialista en unas elecciones a las que el PSOE llegaba muy desgastado por los duros años de crisis y los ajustes realizados. Sin embargo, pocos días antes de celebrarse las elecciones, en octubre del 2011, una ETA profundamente debilitada declaraba el cese definitivo de la actividad armada y llamaba al gobierno a la negociación política. Resultaba un hecho histórico, por primera vez desde su nacimiento, ETA militar tomaba una decisión de semejante calado. A pesar de todo, en dicho comunicado, la organización no hacía referencia alguna a su disolución ni a la entrega
de las armas.
Aunque el PSOE pudo apuntarse como un tanto el fin de la violencia etarra, en las elecciones la crisis le
pasó factura con dureza, cosechando el peor resultado electoral desde la transición democrática y obteniendo tan solo 110 diputados. Mientras el PP, liderado por Mariano Rajoy, alcanzaba la mayoría absoluta con 186 diputados. El bipartidismo se veía muy debilitado por la izquierda, aumentando la fragmentación política en el parlamento. Así lo pone en evidencia el apreciable crecimiento de IU, que alcanzaba los 11 diputados, o de UPyD
que conseguía 5 escaños, además del aumento en votos de los grupos nacionalistas, entre los que habría que destacar la entrada con 7 diputados de Amaiur, la coalición que englobaba a la izquierda abertzale.


Fuente 2ª Gob Aznar y Gob Zapatero: http://jadonceld.blogspot.com.es

6. CONCLUSIONES

         La valoración  de la Transición política es variable. Muchos son los que realizan un análisis muy positivo sobre el mismo por las circunstancias tan difíciles y complicadas que acompañaron al proceso, incluso considerándolo como modelo exportable a otros países. 
         Pero también existen historiadores que analizan la transición como el triunfo de los sectores moderados del franquismo, en el que la oposición democrática tuvo un papel secundario y colaboracionista, influido todos por el miedo a otro golpe de estado y otra guerra civil. También critican la mirada hacia otra parte sobre los crímenes y la represión franquista. Por último, consideran que la transición no supo solucionar problemas como el de la todavía discutida estructura territorial del Estado español.








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