“Yo
(…) me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de
este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España
ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es
organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva
e histórica del pueblo español. Yo no puedo admitir, señores
diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico
problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia
personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se
responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un
problema político, de constitución del Estado, y es ahora
precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de
religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del
Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las conciencias
(…), excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la
fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos
y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar
el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de
establecer (…)”.
Discurso
de Manuel AZAÑA en el Congreso de los
Diputados en 1931.
1.
El texto es un fragmento de un discurso de Manuel de Azaña en el
Congreso de los Diputados en el año 1931, y forma parte de los
debates que precedieron a la redacción de la Constitución de la 2ª
República.
Es
una fuente histórica primaria y de temática
política. Es de carácter público y va dirigido en
primer lugar a los diputados en Cortes y en un segundo término a
toda la nación.
El
autor Manuel Azaña nació en 1880 en Alcalá de Henares, y murió en
1940 en Francia. Fue un político y escritor español que desempeñó
los cargos de Presidente del gobierno en dos ocasiones (1931 y 1936),
y Presidente de la República desde 1936 hasta 1939. Opuesto a la
dictadura de Primo de Rivera, participó en el Pacto de San Sebastián
que debía acabar con la monarquía Alfonsina. Tras la proclamación
de la Segunda República comenzó su etapa política de mayor
relevancia, siendo el político más importante de este período
histórico.
2.
Azaña niega la existencia de un problema religioso en
España, ya que el Estado para él debe ser laico y
aconfesional (tal y como se recogerá después en el
articulado de la Constitución), y evitar así la tutela de las
conciencias. Lo religioso debe pertenecer al ámbito de la conciencia
personal y no es por tanto una cuestión política o asumible por el
Estado. Los temas ultraterrenos no competen al Estado.
3.
Esta separación Iglesia-Estado que se produce por
segunda vez (la 1ª fue durante la I República) en nuestra historia
fue muy mal acogida por la Iglesia que no aceptaba la laicidad de
nuestra estructura política y la pérdida de influencia social que
traía aparejada. Por ello el estamento eclesiástico será uno
de los principales opositores al nuevo régimen republicano,
movilizando a la opinión católica en su contra.
En
la Constitución de 1931 se recogerá en su articulado la no
confesionalidad del Estado, la libertad de cultos, la supresión del
presupuesto de culto y clero y se permitirá el divorcio y el
matrimonio civil. También se prohibía ejercer la enseñanza, la
industria y el comercio a las congregaciones religiosas, y se
suprimía la Compañía de Jesús procediéndose a incautarse el
Estado de sus inmuebles.
La
aprobación de los artículos religiosos de la Constitución de 1931
provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno
provisional, con Miguel Maura y Alcalá Zamora a la cabeza.
Amplios sectores de la Iglesia y de la sociedad interpretaron estas
medidas como una provocación y agresión a la religión católica.
La mayor parte de la jerarquía eclesiástica se mostrará contraria
al régimen republicano.
La
cuestión religiosa fue tratada sin tacto y contribuyó a radicalizar
a los españoles que, en su mayoría, eran católicos. La
implantación del Estado laico fracasó no siendo entendida la
libertad religiosa como una más de las libertades. Por consiguiente,
las clases más conservadoras de la sociedad española se
declararon enemigas de la libertad religiosa y de la República.
A
pesar de todo esto, la República se propuso limitar la influencia de
la Iglesia en la sociedad española y secularizar la vida
social por encima de todo y costase lo que costase. Contaba
para ello con el fuerte anticlericalismo que las clases
populares de la sociedad manifestaban y que ocasionalmente se
materializaba en la quema de edificios religiosos y del patrimonio
artístico católico.
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