miércoles, 4 de febrero de 2015
viernes, 30 de enero de 2015
Textos Crisis 1898 Comentados
MANIFIESTO
DE MONTECRISTI
“La
guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en
el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar respetado, y
aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan,
imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra,
y los cubanos y los españoles la terminaremos […]. No hay odio en
el pecho antillano, y el cubano saluda en la muerte al español a
quién la crueldad del ejército forzoso arrancó de sus casa y su
terreno para venir a asesinar en pecho de hombres la libertad que él
mismo ansia. Más que saludarlo en la muerte quisiera la Revolución
acogerlo en vida, y la República será un tranquilo hogar para todos
los españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la
libertad y de los bienes que no habrían de encontrar aún por largo
tiempo en la flaqueza, la apatía y los vicios políticos de sus país
[…]”.
Montecristi,
Santo Domingo, 25-03-1895. Firmado por José Martí y Máximo Gómez
El
documento, conocido como Manifiesto de Montecristi por el lugar de la
Republica Dominicana en que se firmó, recoge el pensamiento de José
Martí, líder político de la independencia cubana y fundador del
Partido Revolucionario Cubano, quien firma el documento conjuntamente
con Máximo Gómez, el líder militar de una guerra que había
estallado en febrero de ese mismo año, 1895, con el Grito de Baire,
en la zona oriental de la isla.
Expone
este fragmento que la guerra tiene como objetivos la libertad e
independencia de Cuba, que se ha de constituir en democrática.
Ofrece, en esa futura Cuba, libertad y respeto a la propiedad de los
españoles, contra los que asegura el manifiesto no sentir ninguna
animadversión; por el contrario, se muestra comprensión para el
soldado español, sujeto a las quintas forzosas, y se hace una
crítica al sistema político español, el de la Restauración.
La
guerra de Cuba ya había vivido un primer episodio con la llamada
“Guerra Larga” (1868-78), concluida con la Paz de Zanjón. El
incumplimiento de lo pactado entonces, la dependencia política y
económica de Cuba respecto a la metrópoli y los intereses
geoestratégicos estadounidenses, encendieron de nuevo la mecha.
José Martín, quien deseaba la construcción de una república
independiente y democrática, murió en combate al poco de regresar
de su exilio, siendo relevado por Máximo Gómez y Antonio Maceo. En
España se intentó primero recurrir a los acuerdos, enviando a
Martínez Campos, artífice de la Paz de Zanjón, pero al resultar
ya imposible, su sustituto, el general Weyler, optó por la “guerra
total”. Su dura actuación con la población civil aumentó los
deseos de independencia y alentó la campaña internacional de
desprestigio contra España, dirigida por la prensa de EEUU. La
intervención de este país tras la voladura de su acorazado, el
“Maine”, que declaró la guerra en abril de 1898, y las derrotas
en las batallas navales de Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba,
desembocaron en la pérdida para España de sus últimas posesiones
ultramarinas por el Tratado de paz de París.
Fuente:
Gema
Gómez Díaz-Caneja
LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
1. Nos encontramos ante un documento iconográfico consistente en una fotografía en blanco y negro tomada el 2 de septiembre de 1899 en el patio del cuartel Jaime I de Barcelona. Es una fuente primaria y su contenido es militar. Se representa a los 33 supervivientes del asedio de Baler, en las Filipinas, tras su regreso a España una vez terminada la guerra. Su finalidad es ensalzar y reconocer la valentía mostrada por los soldados españoles que resistieron 11 meses el cerco de los independentistas filipinos.
2.
El 10 de diciembre de 1898 se firmaba en París el tratado por el que
España vendía a Estados Unidos, por 20 millones de dólares,
el archipiélago filipino. La antigua metrópoli se daba así
de bruces con el siglo XX, en el que EE UU empezaba a mostrarse como
la gran potencia mundial que es hoy en día. A la hora de estampar
esa firma, poco parecía importar que un pequeño batallón de 52
militares españoles tratara todavía de mantener su posición en el
país asiático. Lo harían hasta el 2 de junio de 1899,
atrincherados en la iglesia de Baler, fecha en la que el líder
filipino Emilio Aguinaldo no sólo les perdonaba la vida, sino que
reconocía públicamente su valor.
Los
diferentes emisarios españoles enviados a Baler para conseguir la
rendición de las tropas nacionales no lograron sus propósitos. Una
y otra vez los sitiados desconfiaban de los visitantes negándose a
deponer las armas. El último en intentarlo fue el teniente coronel
Aguilar, mandado por el gobernador general español, quien tuvo que
marcharse sin conseguir su objetivo. Sin embargo, al ojear unos
periódicos que Aguilar dejó en la iglesia, los sitiados
comprendieron que España ya no poseía el control de la isla y que
no tenía ya sentido seguir resistiendo en la iglesia. El 2 de junio
de 1899 el destacamento de Baler acabó rindiéndose dando fin a 337
días de asedio.
Las
autoridades filipinas aceptaron condiciones honrosas de capitulación
y permitieron su paso, sin considerarles prisioneros, hasta Manila,
con el presidente filipino Aguinaldo emitiendo un decreto en el que
exaltaba su valor. Tras un recibimiento apoteósico en la capital
filipina, los supervivientes fueron repatriados a España.
COMENTARIO GRÁFICA MUERTOS CUBA Y FILIPINAS
La imagen, es una ilustración del acorazado Maine obtenida de un grabado de la prestigiosa revista La Ilustración española y Americana. Esta imagen evoca dos aspectos del tema de interés:
COMENTARIO GRÁFICA MUERTOS CUBA Y FILIPINAS

Nos
encontramos ante un cuadro estadístico acerca de los militares
fallecidos en la guerra de Cuba y Filipinas entre los años
1895-1898. Se trata de una fuente secundaria, al estar elaborado por
el historiador Fernández Almagro en el año 1968, y de temática
militar.
En
este documento se nos diferencia entre la categoría del militar
fallecido (general, oficial y soldado), y por otro lado la causa de
la muerte (guerra, heridas, fiebre amarilla, otras enfermedades,
travesía).
El
análisis del cuadro estadístico es muy sugerente. Por un lado
observamos que la mayor parte de los fallecidos son soldados
(55.078), mientras que los oficiales son muchos menos (581) y los
generales son solo 2. Hasta cierto punto es lógico esta
desproporción, ya que el número de soldados es muy superior al
de oficiales y generales. Sin embargo, en términos
relativos se aprecia que los soldados fallecen en mayor
proporción de los que le correspondería por su número.
Por
otro lado, también se analizan las causas de los fallecimiento de
los militares españoles. A pesar de que estamos hablando de una
guerra, sin embargo el principal motivo de la muerte tanto de
oficiales como de soldados no son las heridas de guerra (2018
soldados , 141 oficiales y 2 generales), sino que son las
enfermedades padecidas durante el conflicto hispano-cubano. En
efecto, por enfermedades el número de fallecidos son de 53.000
soldados, 440 oficiales y ningún general). Esto nos hace ver que la
verdadera causa de mortandad no fueron los enfrentamientos bélicos,
sino por el contrario las enfermedades tropicales que hicieeron mella
en gran medida a nuestros militares. Y especialmente a los soldados,
ya que si comparamos en términos relativos los soldados y oficiales
fallecidos por esta causa la desproporción es enorme.
Estos
hechos se explican por las pésimas condiciones que los soldados
españoles sufrían en las islas. En un ambiente para el que no
estaban adaptados, en contacto con una humedad y calor insoportables,
los soldados no`pudieron hacer frente a enfermedades tropicales como
la fiebre amarilla, el beri beri, el paludismo, disentería,
tuberculosis y otras que hicieron que gran parte de ellos
murieran en poco tiempo o quedaran inutilizados para el servicio
activo. Además, las condiciones de vida de los soldados con poca
alimentación y sin las medicinas adecuadas aumentaron aún más la
mortalidad.
Sin
duda las condiciones de vida de los oficiales y generales eeran mucho
mejores que los de la soldadesca. Por eso y no por su menor número
se explica esta desproporción tan acusada entre el número de
fallecidos entre una y otra categoría. Su mejor alimentación,
cuidados médicos y medicinas hizo disminuir la mortalidad entre los
oficiales en comparación con los soldados. Las diferencias entre
clases sociales están más que presentes en esta guerra a la hora de
morir víctima no de los ataques de los mambises y tagalos, sino por
el contagio de enfermedades tropicales o relacionadas con una
insuficiente alimentación.
COMENTARIO ILUSTRACION ACORAZADO MAINE
COMENTARIO ILUSTRACION ACORAZADO MAINE
La imagen, es una ilustración del acorazado Maine obtenida de un grabado de la prestigiosa revista La Ilustración española y Americana. Esta imagen evoca dos aspectos del tema de interés:
- Por un lado, la importancia de la modernización naval estadounidense, que desde su guerra de Secesión viene apostando por la doctrina Mahan de buscar la expansión de la influencia norteamericana mediante la hegemonía naval en el Caribe y el Pacifico. En esos momentos ya existían varios proyectos de canal interoceánico, y pocos años más tarde se hizo realidad con el canal de Panamá, bajo el control de los Estados Unidos.
- Por otra parte, la voladura de este acorazado fue el "pretexto" para acrecentar la campaña de hostilidad entre la opinión pública norteamericana contra España como vieja potencia colonial enemiga de la liberta y opresora de los cubanos y los filipinos, según aparecía reflejado en las campañas de prensa de R. Hearst. Este hecho, del que se acusó a España sin más pruebas, fue el argumento presentado para justificar el ultimátum y comenzar la guerra.
TEXTOS CRISIS 1898
Resolución conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos (18-4-1898)
Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los últimos tres años, en isla tan próxima a nuestro territorio, ha herido el sentimiento moral del pueblo de los Estados Unidos; ha sido un desdoro para la civilización cristiana y ha llegado a un período crítico con la destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de La Habana (…).
El Senado y la Cámara de Representantes, reunidas en Congreso, acuerdan:
Primero: Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre e independiente.
Segundo: Que es deber de los Estados Unidos exigir, y por la presente su gobierno exige, que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales de las tierras y los mares de la isla.
Tercero: Que se autoriza al presidente de los Estados Unidos y se le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos (…) en el número que sea necesario para llevar a cabo estos acuerdos.
Cuarto: Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni intención de ejercer jurisdicción ni soberanía, ni intervenir en el gobierno de Cuba, si no es para su pacificación, y afirman su propósito de dejar el dominio y gobierno de la isla al pueblo de esta, una vez realizada dicha pacificación”.
El Tratado de Paz de París (10-12-1898)
Art. 1. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla les impone el derecho internacional, para la protección de vidas y haciendas.
Art. 2. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo la soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de Las Marianas.
Art. 3. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas. Los Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente tratado.
Aprobado por el Senado Estadounidense el 6 de febrero de 1899.
Fácil
no es adelantar que las grietas que iban abriéndose en el sistema
tradicional se ahondaron hasta producir una especie de seísmo
en 1898, es decir, cuando el Estado español pasó por el trance de
perder los restos de su imperio colonial. 1898 sirve de punto de
referencia, para fijar la crisis que se abre. Crisis que es evidente
en lo que se refiere al sistema colonial sobre el que todavía se
apoyaba gran parte de la vieja España, de donde procede un «saneado»
sector de la acumulación primitiva del capitalismo español; pero
también la permanencia de aquellas colonias galvanizaba la
“ideología de consolación” que daba una falsa conciencia de
dominadores y «civilizadores» cuando en realidad se estaba en una
situación marginal a la Europa de entonces.
La
crisis era también el sistema político de la Restauración, en
cuanto a él Incumbía la responsabilidad de haber dirigido el país
durante un cuarto de siglo. Las catástrofes navales de Cavite y
Santiago, el armisticio de agosto de 1898, el tratado de París de
diciembre del mismo año, son como el fulminante que transforma la
crisis potencial en crisis efectiva y abierta. Dicho de otro modo: la
crisis estructural existente (crisis latente, como son siempre las
estructurales) se transformaba en crisis abierta, en coyuntura
conflictiva, al aplicársele el «detonador» de los acontecimientos
de 1898. El 98 marca, pues, un punto de ruptura, sobre todo en dos
aspectos esenciales:
a)
El
dominio colonial
b)
La
hegemonía ideológica de la oligarquía.
He
aquí dos hechos históricos que cesarán de tener vigencia a partir
de aquella coyuntura.
Tuñón
de Lara, Manuel (1986): España: la quiebra de 1898, Madrid, SARPE,
p. 25-26.
Entre
la emancipación de los grandes Virreinatos americanos y el 98, la
Monarquía española estuvo integrada por el territorio peninsular y
por un amplio conjunto de islas y enclaves repartidos por zonas
distintas y distantes entre sí.
Si
se relaciona la debilidad del Estado -apenas industrializado y
escasamente modernizado- con la dispersión de sus territorios, no
debe extrañar que su posición internacional fuese muy insegura.
España se veía implicada en, al menos, tres grandes problemas
internacionales. Primero, el del estrecho de Gibraltar, donde
competían Francia e Inglaterra; luego, el de las Antillas, donde los
anglo franceses no podían frenar la expansión norteamericana y
por, último, el del Pacífico, donde todas las potencias competían
por sus ricos mercados.
A
la hora de hacer frente a esos problemas, la iniciativa española
quedaba condicionada por la política de tres poderosos vecinos: en
Europa, Francia e Inglaterra; en América, Estado Unidos. Para
Europa, los gobernantes españoles habían acuñado el principio:
“Cuando Francia e Inglaterra marchen juntas, seguirlas; cuando no,
abstenerse”. Para el Caribe habían confiado en la fuerza de la
determinación franco-británica de mantener el statu quo. Pero, a
fines del siglo XIX, ni Francia e Inglaterra marchaban juntas, ni
parecían dispuestas a frenar a Estados Unidos en el Caribe.
El
régimen de la Restauración no había sido capaz de proporcionar a
España una posición Internacional más firme. Ni Cánovas ni
Sagasta fueron capaces de sustraer la política exterior a una muy
difícil relación con la III República. [ ... ]
Tanto
conservadores como liberales cometieron un grave error: no
percibieron el sentido de la transformación del sistema
internacional y de la vinculación entre los problemas europeos y los
problemas coloniales. No analizaron correctamente los intereses y las
tendencias de las grandes potencias; siguieron confiando en que la
defensa del principio monárquico podría proporcionarles apoyos
internacionales en los momentos de peligro.
Torre
del Río, Rosario de la (1998): «A merced del huracán», La
aventura de la historia, núm. 2, p. 90-9 1.
miércoles, 10 de diciembre de 2014
viernes, 5 de diciembre de 2014
TEXTO COMENTADO CONVENIO VERGARA
Art. 1. El capitán general D. Baldomero Espartero recomendará
con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta de
comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o
modificación de los fueros.
Art. 2 Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de
los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del
Ejército del teniente general D. Rafael Maroto..... defendiendo la
Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su
augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran
seguir con las armas de fuego.
Cuartel de Vergara, 31 de Agosto de 1839.
Rafael Maroto
Se trata de un documento de fuente primaria, redactado y
firmado de común acuerdo por los generales Espartero
(liberal), y Maroto, jefe de las tropas carlistas en el País
vasco-navarro. Los autores del convenio por tanto son ambos
generales, y su destinatario sería los dos bandos contendientes de
esta guerra civil. Tiene un carácter público, y su temática
es político-militar.
El texto nos presenta una serie de fragmentos del Convenio de
Vergara, que posibilitaba la rendición de las armas por las tropas
carlistas bajo ciertas condiciones. La idea fundamental es el acuerdo
de paz firmado por liberales y carlistas. Las condiciones para el
cese de las actividades bélicas se concretan en 10 artículos, 2 de
ellos incluidos en el texto, que muestran tras su lectura un afán
conciliatorio.
En el artículo 1 se incluye una ambigua promesa de
mantenimiento de los privilegios forales de vascos y navarros.
Espartero, al comprometerse a “proponer a las Cortes la
concesión o modificación de los fueros”, actuaba con notable
independencia, ya que sabía que prometía algo que era de la
exclusiva competencia de las Cortes.
En el artículo 2 se reconoce por parte de los isabelinos los
empleos, grados y condecoraciones de oficiales que habían servido en
el bando carlista, para así permitir su reinserción en el
Ejército regular español.
En este acuerdo como hemos visto predominó la búsqueda de
reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los
derrotados carlistas en el nuevo sistema político liberal. El
entendimiento solo fue posible tras el triunfo de las tesis de los
carlistas más moderados, dirigidos por el general Maroto,
favorables al pacto con los isabelinos a cambio del respeto a los
fueros. Por su parte, los carlistas más extremistas creían en el
establecimiento de un gobierno absolutista y se negaron a aceptar
cualquier salida pacífica al conflicto. Fue el propio Maroto quien
inició las negociaciones sin el consentimiento del pretendiente al
trono, don Carlos, e incluso ordenó la detención y posterior
fusilamiento de varios generales conservadores carlistas, acusándoles
de traición.
Tras el fracaso de la Expedición Real en 1837, el regreso de
un ejército no vencido, pero tampoco vencedor, a unas provincias ya
cansadas y exhaustas acelera el fin. Las conversaciones secretas de
Maroto con Espartero culminaron en el Convenio de Vergara, que
preparó el fin de la contienda. El general liberal se comprometía a
interceder en Madrid por los fueros, mientras que los pactistas de
Maroto, con sus pagas y ascensos asegurados, reconocían a Isabel II
como reina.
La pacificación del País Vasco y Navarra permitió a los ejércitos
carlistas concluir la guerra en 1840 con el sometimiento de Cataluña
y el Maestrazgo, donde el general Ramón Cabrera continuaba
resistiendo y se negaba a cumplir el acuerdo de paz. No obstante la
guerra civil concluyó con la victoria de las tropas liberales tras
la caída de Morella, último fortín de Cabrera, y con la
huida de don Carlos a Francia.
El Convenio de Vergara incluía una ambigua promesa de mantenimiento
de los privilegios forales de vascos y navarros. Sin embargo, poco
después, en 1841, se aprobaron varias leyes según las cuales
Navarra perdía sus aduanas, exenciones fiscales y militares,
y sus instituciones propias de autogobierno, como las Cortes. Pero a
cambio, los navarros consiguieron un sistema fiscal muy beneficioso,
consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de
reducida cuantía, a la Hacienda estatal.
En 1841, las 3 provincias vascas también fueron privadas de
privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No obstante, la
población vasca conservó su exclusión, privilegiada y excepcional,
del servicio militar obligatorio.
Algunos años después, en 1846, se produjo un nuevo recorte
de los fueros vascos con la introducción de los “conciertos
económicos”, por los cuales se calculaba la contribución
anual de los vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad
total era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las
3 diputaciones forales vascas y el gobierno estatal. Este modelo
fiscal resultó bastante ventajoso para la población vasca.
TEXTO DECRETO Y GRÁFICA DESAMORTIZACIONES COMENTADOS
COMENTARIO
DE TEXTO REAL DECRETO DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL
Real Decreto Declarando la Venta de bienes del Clero (19 de febrero de 1836).
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo.
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.
Artículo 4º. Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o sin graves dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que se pudiere.
Artículo 5º. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese compuesto una propiedad aislada.
En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal
Gazeta de Madrid , 21 de febrero de 1836.
1. El texto que se nos propone es un fragmento de documento jurídico de extraordinaria importancia: el Real Decreto de Desamortización de los bienes del clero regular, redactado por Mendizábal. Concretamente se nos presenta una parte del preámbulo del Real Decreto y cuatro artículos del mismo.
Se trata de una de las fuentes primarias más citadas del periodo convulso de la regencia de Mª Cristina, aprobada el 19 de febrero de 1836 y publicada dos días después en la Gazeta de Madrid, publicación que posteriormente derivaría en el actual BOE.
El texto es de temática jurídica y es de carácter público, siendo su destinatario la nación entera. está firmado por la reina regente Mª Cristina de Nápoles, madre de la reina Isabel II.
2. Se trataba de conseguir, con la puesta en vigor de este decreto, la desvinculación de los bienes de la Iglesia que estaban amortizados y volverlos a poner en circulación de nuevo, medida que reflejaba los principios económicos de la revolución liberal burguesa.
El propósito de
la desamortización de Mendizábal queda expuesto en el fragmento del
preámbulo que se nos propone. Por una parte se veía obligado a
afrontar una Deuda Pública que estaba asfixiando al Estado
(hasta el punto que se corría el riesgo real de que no se le
concediesen más créditos al Estado con lo que se tendrían serias
dificultades para financiar la guerra) y, por otra, se quería poner
fin a las estructuras del Antiguo Régimen entregando, como dice, “al
interés individual la masa de bienes raíces”, es decir,
desamortizando el suelo, a fin de sacar de ellos “las
ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado”,
es decir, aumentando su productividad.
En efecto, el objeto de la desamortización viene expresado en el primer artículo, en el que se indica que se trata de los bienes raíces eclesiásticos de cualquier clase, es decir, fincas urbanas o rurales, ya fueren tierras o inmuebles de otro tipo. De ahí que se la denomine habitualmente como “desamortización eclesiástica de Mendizábal”.
En el artículo 2 se exime de la desamortización aquellos bienes del clero regular que por interés público deban conservarse prohibiéndose su venta pública.
En los artículos 4 y 5 se hace referencia a la posibilidad de dividir las fincas en lotes más pequeños para facilitar su posible venta siempre que no se redujese su valor.
3. La situación en España era muy preocupante. La revolución liberal luchaba por abrirse paso en medio de enormes dificultades de todo tipo. Nos encontramos en un país con una economía débil y endeudada, sufriendo la ausencia de los ingresos por la reciente emancipación de las colonias americanas y dependiente de una agricultura escasamente modernizada y con unos bajísimos rendimientos.
La población campesina,
que es una gran parte de la población española, vive en una pobreza
enquistada fruto, además, del problema de la propiedad de la tierra:
los campesinos en su mayoría son jornaleros o arrendatarios.
Finalmente, la amenaza se cierne sobre el Estado liberal bajo la forma de una guerra civil, la Guerra Carlista. Esta Guerra suponía un doble lastre: no solo amenazaba con volver a la España del Antiguo Régimen, sino que además suponía un gasto que el Estado difícilmente podía permitirse.
Cuando tras el pronunciamiento de los sargentos de la Granja, Mª Cristina se ve obligada a entregar el Gobierno a los progresistas, Mendizábal será nombrado ministro de Hacienda y aprovechará para poner en marcha la desamortización eclesiástica a que se refiere el documento que nos ocupa.
El proceso desamortizador tuvo algunos antecedentes ya en el reinado de Carlos IV (1798) y durante el gobierno de las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1813 y el Trienio Liberal (1820-1823). Pero todas, la desamortización más importante fue la llevada a cabo por Mendizábal, que se complementará años más tarde con la Desamortización General de Madoz, en 1855.
El proceso desamortizador se acompañó de otro: la expropiación por parte del Estado de los bienes desamortizados. Así, el proceso desamortizador sirvió no solo para poner en circulación dichos bienes sino también para enjugar el déficit del Estado y amortizar la Deuda Pública.
Además con la desamortización se pretendieron otros objetivos que no por no aparecer en el texto fueron menos importante, cuales fueron el ampliar la base social del liberalismo, obtener fondos para financiar la guerra carlista y asestar un golpe maestro a los poderes fácticos de la España del momento: la Iglesia y la nobleza.
Aunque con la desamortización de Mendizábal aumentó ligeramente la producción del campo español, dicho aumento se debió más al aumento de la superficie cultivada (se pusieron en labor campos anteriormente en estado de abandono) que a una modernización de las técnicas agrícolas, modernización que ciertamente no llegó. Y ello se debió sobre todo a que las tierras se sacaron a subasta pública y, por tanto, solo pudieron ser adquiridas o bien por campesinos que ya eran propietarios o por otros, generalmente burgueses, que solo buscaban en la tierra un valor seguro. En cualquier caso, no sirvió para resolver el problema de la propiedad de la tierra, sino que antes bien se consolidó la estructura latifundista del centro y sur de España. Se priorizó la consecución de ingresos para la necesitada hacienda pública antes que la solución del gravísimo problema social del campo español.`
COMENTARIO GRÁFICA DE LAS DESAMORTIZACIONES
1. El documento en
cuestión consiste en una gráfica de barras en la que se
representan los bienes civiles y eclesiásticos desamortizados por
Mendizábal y Madoz cuando ocupaban el ministerio en los años 1836 y
1855 respectivamente. Es una fuente secundaria sin que sepamos
quién o quienes son los autores, y la temática es económica.
2. En esta gráfica se
observan 4 etapas diferentes:
a) un primer período (1836-1844)
que se corresponde con la aprobación de la Ley de Desamortización
de Mendizábal (1836) y los años inmediatamente posteriores a su
entrada en vigor. En estos años la expropiación de bienes
eclesiásticos es muy alta, llegando el valor de las propiedades a
3.400 millones de reales de vellón. Por el contrario, los bienes
civiles representan un escaso valor no superando los 100 millones de
reales. Este hecho nos demuestra que Mendizábal se propuso
desvincular especialmente las propiedades de la Iglesia y con los
ingresos obtenidos de su subasta pública financiar la guerra
carlista, disminuir la deuda pública y atraerse a las filas
isabelinas a los compradores de esas propiedades religiosas.
b) Un segundo período (1845-54)
en el que con claridad se interrumpe ese proceso; las fincas
eclesiásticas expropiadas y vendidas apenas suponen 200 millones de
reales de vellón siendo las propiedades civiles irrelevantes (50
millones). Esta parálisis del proceso desamortizador está
relacionado con el cambio de gobierno tras el fin de la regencia de
Espartero y la subida al poder de los moderados. Una de las primeras
medidas que tomaron fue detener la expropiación y venta de los
bienes eclesiásticos ya que esto perjudicaba los intereses de la
Iglesia y en su programa político el moderantismo defendió el poder
y la influencia de la institución eclesiástica en todas las esferas
del país.
c) El tercer período (1855-56)
se corresponde con un nuevo cambio de gobierno; en este caso es el
partido progresista el que sube al poder tras la Vicalvarada y en
1855 su ministro de Hacienda, Pascual Madoz publica la Ley
General de Desamortización por la cual se ponen en subasta todos
los bienes civiles de propios y comunales propiedad sobre todo de los
municipios. Por eso en esta 2ª desamortización serán las
propiedades civiles las que superen con creces a las eclesiásticas
en su valor pecuniario. En esta etapa las expropiaciones civiles
llegan a 500 millones de reales y las eclesiásticas a 450 millones.
También la desamortización de Madoz afectó a bienes de la Iglesia
que aún no habían sido desvinculados. La finalidad de esta ley era
favorecer el desarrollo industrial del país subvencionando a las
compañías que invirtieran en la construcción de la red
ferroviaria.
d) El último período (1856-67)
coincide con un nuevo gobierno, de carácter moderado (Unión Liberal
y posteriores gobiernos moderados). Estos años son los de verdadera
aplicación de la Ley de Madoz por lo que se multiplican los bienes
expropiados llegando los de los ayuntamientos a 2.800 millones de
reales y los eclesiásticos a 1.300 millones; no tuvo objeciones los
diferentes gobiernos moderados en aplicar esta ley puesto que
afectaba principalmente a las propiedades civiles y menos a las
eclesiásticas.
3. En síntesis, la labor
desamortizadora llevada a cabo por lo distintos gobiernos liberales
durante los años centrales del siglo XIX afectó más en conjunto a
los bienes eclesiásticos que a los civiles. Esto nos demuestra la
enorme riqueza e importancia que la Iglesia tenía en la España del
siglo XIX, mucho mayor que la de los municipios.
El liberalismo español
pensaba que con la desvinculación de las propiedades en “manos
muertas” y su salida al mercado los nuevos compradores
invertirían y mejorarían los rendimientos de sus fincas propiciando
el desarrollo económico del país. Por otro lado también se quería
que el pequeño campesino accediera a la propiedad de esas tierras,
produciéndose así una reforma agraria que mejorase las condiciones
de vida del campesinado en general. Pero nada de esto ocurrió. Los
nuevos propietarios fueron casi siempre burgueses
que no explotaban directamente sus fincas y que no invirtieron en su
mejora. A lo sumo se generó un aumento de la superficie cultivada
pero no de los rendimientos, ya que gran parte de las propiedades de
la Iglesia y ayuntamientos estaban ocupadas por monte bajo y bosques
que fueron roturados y puestos en cultivo. Además, los campesinos no
pudieron comprar unas fincas subastadas libremente en el mercado que
fueron adquiridas en muchos casos por especuladores o burgueses
urbanos (funcionarios, militares, profesionales liberales) ajenos al
mundo rural y que lo que pretendían eran ganar dinero rápido y de
manera fácil. Por otro lado los campesinos vieron perjudicado su
situación económica al no poder aprovecharse del uso de las
propiedades comunales de los ayuntamientos que tras la
desamortización de Madoz fueron privatizadas. Muchos de ellos
sufrieron un proceso de proletarización que los
convirtió en jornaleros trabajando por un salario en las fincas de
los nuevos compradores. Esto provocará en años posteriores
numerosas revueltas campesinas con ocupaciones de fincas, quema de
cosechas, matanzas de ganado, robos, destrucciones de los registros
de propiedad, etc. que demuestran el enorme descontento que la
reforma agraria liberal generó entre el campesinado español.
A modo de conclusión,
las desamortizaciones beneficiaron a la clase burguesa, ayudó a
afianzar el liberalismo en España, fracasó como intento de reforma
agraria agravando las desigualdades sociales en el campo, no resolvió
los problemas de escasa productividad y atraso del campo español y
tampoco ayudó al despegue industrial puesto que la agricultura no
demandó maquinaria agrícola ni tampoco elevó el poder adquisitivo
del campesinado español que permitiría el surgimiento de un mercado
nacional que demandase productos industriales.
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