1. INTRODUCCIÓN.
2. EL IMPACTO DE LA
REVOLUCIÓN FRANCESA EN ESPAÑA.
3. ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XIX
4. LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA.
4.1. El estallido de la guerra.
4.2. Fases de la guerra (1.808-1814)
4.3. Consecuencias de la guerra
4.3.1. Consecuencias políticas.
4.3.2. Consecuencias socioeconómicas.
5. GUERRA Y REVOLUCIÓN. LAS
CORTES DE CÁDIZ.
6. LA
CONSTITUCIÓN DE 1812.
7.1. El restablecimiento del absolutismo (1814-1820).
7.2.
El Trienio Liberal (1820-1823).
7.3. La década absolutista (1823-1833), llamada también década ominosa.
8.
La emancipación de la América española.
8.1.
El origen del proceso emancipador.
8.2.
El proceso de independencia.
1. INTRODUCCIÓN
El periodo histórico que
ahora desarrollaremos abarca los reinados
de Carlos IV (1788-1808), Fernando VII (1808) y José I (1808-1813). En esta época de profunda crisis tendrá lugar el
principio del fin del Antiguo Régimen
y la Guerra de la Independencia (1808-1814),
quiebra definitiva en la evolución histórica de España y punto de partida de un proceso que culminará, veinte años más
tarde, con la revolución liberal.
2. EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN
FRANCESA EN ESPAÑA.
El
reinado de Carlos IV va a tener unos perfiles políticos muy diferentes a los de
su padre Carlos III que se habían
caracterizado por una firme voluntad y actividad reformista en el aspecto
económico, político y educativo, que si
bien no supusieron un giro de 180 grados, al no tocar los pilares fundamentales
del Antiguo Régimen, si permitieron la
apertura a las ideas ilustradas.
 |
| Familia de Carlos IV |
La quiebra de este
modelo político se producirá en 1789, meses después de acceder al trono Carlos
IV, cuando estalle en Francia la Revolución, que pondrá las bases de la
liquidación, en la mayor parte de Europa, del Antiguo Régimen; nacerá un nuevo
concepto de Estado, con un nuevo concepto de soberanía (soberanía nacional),
con Constituciones que limitan el poder de los reyes y con división de poderes.
En España la
actitud frente al proceso revolucionario va a pasar por tres momentos:
Un primer
momento (1789-1792) donde el miedo al
contagio revolucionario va a llegar a la obsesión. Plasmada por una parte en
las drásticas medidas de Floridablanca (cordón sanitario, censura de libros,
control de extranjeros...), que encabezaba el gobierno en el momento, que había sido un auténtico ilustrado a lo
largo de su carrera política e intelectual, desarrollada en tiempos de Carlos
III, y que ahora se ve súbitamente sorprendido por los últimos resultados
efectivos de sus teorías; y plasmada por otra parte, en la propaganda de la
reacción, para quién la revolución francesa será un valioso motivo para poner
en práctica su concepto de las reformas, de la Filosofía y de la Ilustración,
que no será otra cosa que el predominio de los poderes tradicionales,
fundamentalmente el eclesiástico.
Un segundo
momento en 1793 cuando se redoblen las medidas anteriores, centrada en la
declaración de guerra contra Francia, tras la
ejecución del rey Luis XVI por la Convención. Sin embargo las operaciones
militares van a ser negativas para la coalición, y para España en particular,
al ocupar el ejército francés parte del País Vasco y Cataluña. Por tanto en 1795 España se ve obligada a firmar la paz,
otorgando concesiones a Francia (Santo Domingo y ventajas comerciales).
Un tercer momento donde esa enemistad inicial
se torna en amistad, estableciéndose
continuas alianzas con Francia (Tratado
de San Ildefonso, 1796 en virtud del cual se llegará a la derrota de
Trafalgar en 1805) en función del giro conservador impuesto al proceso
revolucionario y la amenaza que suponía Inglaterra para el comercio con
América. Amistad que degenerará en
un entreguismo a la iniciativa francesa
en 1807 con el Tratado de Fontainebleau
por el que se proyectaba la invasión y partición de Portugal (por no cumplir
con el “bloqueo continental”) y por el que Godoy, favorito de Carlos IV y María
Luisa, se apuntala en el poder, frente al acoso que le hacían sus enemigos; y
por el que los ejércitos imperiales obtenían la autorización para introducirse
en España (Convención secreta anexa).
3. ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XIX.
La situación de España a comienzos del siglo
XIX es muy complicada.Esta política
de vaivenes llevada a cabo por España como resultado de la Revolución Francesa,
supondrán un altísimo coste económico,
centrada en una auténtica bancarrota de la Hacienda, a causa del
descontrol en el gasto y, sobre todo, del endeudamiento originado por las
sucesivas guerras desde 1776; si a esto le sumamos la crisis demográfica de principios de siglo (serie de epidemias que
sacudirán el territorio español), la crisis
agraria planteada tras sucesivos años de malas cosechas agravadas por el
bloqueo contra Inglaterra y las dificultades en mantener el comercio con
América nos conducirán a una situación
interna de España caótica.
Además de lo anterior, crecía el desprestigio de las instituciones. La figura de Godoy (favorito de
Carlos IV desde 1792) era objeto del mayor escarnio, pero también se
criticaba a los propios reyes Carlos IV y Mª Luisa por mantenerle en el poder.
Todo contribuía al descrédito de Godoy: el escándalo moral que le
rodeaba con
la pareja real; sus numerosos títulos y riqueza; los desastres militares y
políticos; la grave situación económica; las epidemias y carestías de precios. La nobleza que lo despreciaba por su origen plebeyo y por haberla apartado del
poder, se unió en torno al príncipe
heredero Fernando, que no dudará en
conspirar contra sus padres para acabar con el favorito. El clero no le
perdonaba que siguiera adelante con las medidas desamortizadoras y clamaba
contra el mal gobierno desde los púlpitos, convenciendo a las clases populares
de la culpabilidad de Godoy.
En este ambiente, en 1807 es descubierta una conspiración de
Fernando con su camarilla, para destronar a sus padres, tras un proceso
en el Escorial, Fernando obtuvo, por su “profundo arrepentimiento”, el
perdón de sus padres, no sin antes delatar a sus partidarios, que fueron
desterrados.
El lamentable espectáculo del Escorial, tuvo como colofón en
el llamado Motín de Aranjuez (marzo de 1808), donde las clases populares
alentadas por los partidarios de Fernando, por la nobleza en general, por un
buen sector del ejército y por el clero, asaltan el Palacio de Aranjuez. Godoy
es depuesto y Carlos IV se ve obligado a
abdicar, cediendo la Corona a su hijo, decisión evidentemente forzada, como
Carlos IV se empeñaría en denunciar al reclamar de nuevo la corona para sí ante
el emperador Napoleón.
Estos vergonzosos
sucesos fueron contemplados por
Napoleón que, aprovechando la presencia de sus tropas en España (Tratado de
Fontainebleau) y comprobando la debilidad y las divisiones internas de la Corte
española, concibió un proyecto nuevo para los destinos de España: sustituir
la dinastía borbónica y convertir los territorios al norte del Ebro en
provincias francesas.
4. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
4.1. El estallido
de la guerra.
El primero de los
objetivos quedó completado en los primeros días de mayo de
1808 en las llamadas abdicaciones de Bayona, en
las que ambos monarcas, Carlos IV y Fernando VII, cedieron sus derechos dinásticos a Napoleón,
quién colocaría en el trono español a su hermano José I (1808-1813) en
junio de 1808, facilitándole para el ejercicio de su gobierno la llamada Constitución de Bayona.
Sin
embargo, José I a lo largo de sus más de cuatro años de reinado se encontró
absolutamente sólo, si hacemos excepción de los llamados “afrancesados“, superado por el poder fáctico de Napoleón.
 |
| Carta de Llorente |
Efectivamente esa soledad de José I se explica en el contexto dramático en el que España se halla envuelto desde los primeros días de mayo de 1808, en la llamada guerra de la Independencia o culminación de un descontento popular que va a hallar en el enemigo extranjero, el afán de transformación inevitablemente revolucionario.
En
efecto, el 2 de mayo de 1808 culmina en
Madrid una coyuntura potencialmente explosiva espoleada ahora por la presencia
altiva del ejército francés. Esta presencia unida al marco general de crisis y de caos en el
poder, explica la sublevación por parte del pueblo, primero madrileño y
posteriormente de cualquier rincón de la geografía peninsular.
 |
| Bando de los Alcaldes de Móstoles |
La
brutalidad de los enfrentamientos del pueblo contrasta con la pasividad, la actitud expectativa y/o la
complicidad de los órganos de gobierno
(la junta que Fernando dejó a su partida hacia Bayona, el Consejo de
Castilla...) y de las clases dirigentes
(oficiales, nobles, eclesiásticos, funcionarios...).
 |
| Juana Galán "La Galana" |
 |
| J.Martín Díaz "El Empecinado" |
Fueron también numerosas las ciudades que ofrecieron una
enconada resistencia a los franceses. Los casos de Zaragoza, defendida por
Palafox, y de Gerona, defendida por Álvarez de Castro, fueron las más
relevantes. También Cádiz, que fue la única ante la que se estrellaron los
ejércitos napoleónicos.
La agitación
peninsular, por otra parte, contrasta con el plácido cinismo de
Fernando y su séquito que desde Valençay,
mientras el pueblo español derrama copiosamente su sangre, felicita al emperador por sus triunfos sobre
los españoles.
La
guerra fue larga (1808-1813) y en ella se pueden distinguir tres fases:
Primera fase
(1808-1809). El avance francés sobre
Andalucía en la primavera de 1808 acabó en una severa derrota sufrida en Bailén por las tropas napoleónicas de
Dupont frente a las de Castaños. La gravedad de la derrota hizo que José I y
los franceses abandonasen Madrid y se replegasen al norte del Ebro.
La
posición francesa se hizo aún más comprometida ante la presencia del ejército
británico al mando del Duque de Wellington.
Segunda fase
(1809-1812). Napoleón se vio obligado
a venir a la Península y logró que sus tropas entrasen de nuevo en Madrid. La
vitoria de Ocaña (19 de Noviembre de 1809) permitió a los franceses avanzar
sobre Andalucía, que fue ocupada, salvo la ciudad de Cádiz.
Sin embargo, la situación quedaba muy lejos de estar
controlada por los invasores, hostigados permanentemente por las partidas de
guerrilleros, convirtiendo el conflicto en una lucha sin cuartel.
Efectivamente, desde 1809 en adelante la
guerra entra en una fase desgaste caracterizada por la imposibilidad de dominar el territorio peninsular y por la
hostilidad continua de la guerrilla, como forma típica de
resistencia civil. Compuestas al principio por unas docenas de hombres, van
creciendo aceleradamente a sumarse a ellas no sólo civiles, sino numerosos
delincuentes y también soldados de unidades del ejército dispersadas por los
franceses. Sus mandos surgen del pueblo entre quienes demuestran mayor
resolución, dotes de mando y habilidad táctica, pero también hay oficiales del
ejército que optan por organizar sus propias unidades.
La importancia
de la guerrilla radica en su peculiar táctica. El guerrero rehuye la batalla frontal, en la que se sabe inferior, y
opta por golpear repetidamente, mediante emboscadas, contra fuerzas reducidas
del enemigo. Vive sobre el terreno y
cuenta con el apoyo de la población que le suministra víveres, información y
escondites, lo que hace muy difícil a los franceses detectarles y
capturarles. Sus objetivos clave son las líneas de comunicación, la
retaguardia, los abastecimientos y los convoyes de armas. Su efecto sobre el
ejército francés es doble: por un lado, mina la moral de los soldados y por
otro lado obliga a mantener un elevado número de hombres dedicados a misiones
de escolta, vigilancia y control de retaguardia, lo que merma
considerablemente las tropas que participan en campañas de guerra convencional.
Como conclusión, puede afirmarse que la guerrilla fue decisiva para la
derrota francesa.
Tercera fase
(1812-1813). A partir de 1812 la
guerra entra en una nueva fase, como consecuencia del grave descalabro sufrido por
Napoleón en Rusia. La situación de los franceses se hizo cada vez más difícil,
viéndose obligados a replegarse hacia el norte y sufriendo a lo largo de 1813
una serie de derrotas: Los Arapiles, Vitoria y San Marcial.
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| Caricatura José I |
El 11 de diciembre de 1813, Napoleón firmaba el tratado de Valencay, por el que restituía la Corona de España a Fernando VII. El 13 de marzo de 1814 emprendía Fernando el camino de regreso a España. El 8 de abril, se firmó el armisticio: La guerra había terminado.
4.3. Consecuencias de la guerra
4.3.1.
Consecuencias políticas
En
primer lugar, y a pesar de haber vencido a los franceses, España queda definitivamente
como potencia internacional de segunda fila y apenas intervendrá
en las decisiones del Congreso de Viena.
Otra consecuencia política fue la emancipación
de las colonias americanas. Los criollos, aprovecharon el momento de
desconcierto político reinante en España para hacerse fuertes y, poco a poco,
aumentar su peso político en el territorio americano.
Así, en 1811, aprovechando la debilidad de la
corona española por las guerras napoleónicas, Venezuela se
declaró independiente, siguiéndole ese mismo año Paraguay. Las Provincias
Unidas del Río de La Plata, que más tarde se
llamarán Argentina, declaran su independencia en 1812.
4.3.2. Consecuencias
socioeconómicas.
Debido a que durante seis años España fue asolada por
una “guerra total”, se produjeron grandes pérdidas en Agricultura así como
destrucción de industrias, colapso del comercio y bancarrota en la Hacienda del
Estado. Muchos historiadores ven la guerra de la independencia como una de las causas
del fracaso de la revolución industrial.
A
todo ello habría que sumar las consecuencias demográficas . Los datos de bajas varían mucho y van desde los
300.000 hasta el millón de victimas. Igualmente, y a consecuencia de lo
anterior, el descenso de la tasa de natalidad frenó el desarrollo demográfico,
de tal forma que el crecimiento de la población española será uno de los
más bajos del Continente durante el siglo XIX.
5. GUERRA Y REVOLUCIÓN. LAS
CORTES DE CÁDIZ
Paralelo a la guerra va a tener lugar el primer ensayo por establecer en España una REVOLUCIÓN LIBERAL.
Ante la situación creada por la abdicación borbónica (abril 1808), se
produce un vacío de poder real.
Aunque la cesión de la soberanía por Carlos IV y Fernando VII a Napoleón es
jurídicamente irreprochable, los
españoles lo ven como una imposición, y reclaman a las instituciones del
Antiguo Régimen que asuman la soberanía en ausencia del Rey. Pero el Consejo de
Castilla y la Junta
de Gobierno, que ejercían el poder tras la marcha de la familia real a Bayona,
acataron la decisión de los reyes y se pusieron bajo la autoridad de José
Bonaparte.
Fue entonces tras el levantamiento de
mayo de 1808, cuando los españoles asumieron la soberanía nacional, formando
sus propios órganos de gobierno (JUNTAS),
rompiendo así con el Antiguo Régimen.
Pero ahora bien, esa ruptura del Antiguo
Régimen, va a estar controlada por los soportes del Antiguo Régimen (nobleza y
clero). Es decir, por su origen es revolucionaria, pero por su composición y
actuación son diques contra la revolución.
En efecto, las Juntas Provinciales que surgen en las principales ciudades
españolas, son movimientos populares espontáneos, pero que buscan a la nobleza
y al clero para ser dirigidos; proclamando fundamentalmente: - la defensa de la Independencia de
España, - La lucha contra el francés., - La liberación y el retorno del Rey
(“El deseado”).
Las Juntas Provinciales que habían nacido
en mayo cederán parte de su poder en septiembre de 1808 a la Junta
Suprema
Central, que se va a convertir en el órgano supremo del país, en el
gobierno de la nación, integrada por representantes de todas las Juntas
Provinciales. Su cometido fue triple:
-
Gobernar
el país.
-
Dirigir
la resistencia militar contra los franceses (firma de acuerdo de alianza con
Inglaterra)
-
Convocar
una reunión extraordinaria a Cortes, iniciativa
revolucionaria, ya que su convocatoria correspondía exclusivamente a la Corona.
La Junta Central en enero de 1810, dividida por como debía de llevarse
a cabo determinadas cuestiones de gobierno, aislada tras el asedio de los
franceses a Cádiz y desprestigiada por la derrota en Andalucía, decidió
autodisolverse y entregó el gobierno a un Consejo
de Regencia compuesto por cinco miembros, que no tenían el más mínimo
interés en la celebración de las Cortes. Pero la fuerte reacción que su actitud
generó, la forzaron a respetar la convocatoria.
El 24
de septiembre de 1810 se reúnen por primera vez las Cortes en Cádiz. El
discurso inaugural de Muñoz Torrero supuso ya la aprobación del primer decreto en
el que se proclamaba el principio fundamental sobre el que iba a apoyarse la
revolución política de Cádiz: la
soberanía nacional. Esta afirmación
que suponía el fin del absolutismo, se
completaba, en el mismo decreto, con la organización del poder mediante la separación entre los órdenes legislativo,
ejecutivo y judicial.
Las
Cortes estaban formadas por unos 300 diputados
llegados mayoritariamente de la periferia española. Entre ellos el clero viene a suponer un tercio de la totalidad, mientras que
las clases populares brillan por su
ausencia a pesar de estar a la cabeza, y de forma masiva, en la lucha
contra los franceses. Igualmente estaban presentes miembros de la nobleza
(aunque ninguno de ellos de la alta nobleza) y un alto numero de abogados,
funcionarios y militares. Hay que añadir que, dadas las circunstancias bélicas,
que impidieron su traslado a la capital gaditana, un buen número de representantes provinciales
fueron reemplazados por burgueses de la propia ciudad. Así pues, había una gran
presencia de las clases medias urbanas
Pronto pudo comprobarse la existencia de
tres corrientes ideológicas principales. Los absolutistas (los serviles; así llamados por los liberales por su humillación al
rey y a la Iglesia,
y como burla), partidarios del retorno de Fernando VII para que asumiese sus
prerrogativas de monarca absolutista, se mostraban contrarios a cualquier
reforma. Los llamados reformistas (jovellanistas) herederos del pensamiento
ilustrado del reinado de Carlos III y que tenían como referente a Jovellanos,
eran partidarios de introducir cambios en la forma de gobierno pero rechazaban
los planteamientos más radicales. El tercer grupo lo representaban los que
empezaban a denominarse liberales (doceañistas), partidarios de cambios en
profundidad, en la línea marcada por la revolución francesa. Entre estos
últimos destacaron Muñoz Torrero, el conde de Toreno o Agustín Argüelles. Desde
el inicio, las polémicas plateadas entre las distintas posturas fueron mas allá
de las cortes y del mismo Cádiz (tertulias, proliferación de hojas sueltas y
periódicos) pretendiendo configurar una
“opinión pública”.
Fueron los liberales los que finalmente impusieron
sus planteamientos aunque con importantes concesiones a los otros grupos.
Sirva como ejemplo la propensión de los
serviles, mayoritariamente eclesiásticos, a
otorgar ciertas concesiones si al mismo tiempo permitían alguna contrapartida de parte de los liberales,
respecto de la conservación de sus privilegios eclesiásticos. Así pues lo
que se establece es una componenda de
fuerzas en las que unos y otros darán concesiones a cambio de alguna
contrapartida. Por ejemplo se sacrifica la libertad religiosa a cambio de
incluir otros derechos individuales.
Las
Cortes proclamaron a Fernando VII, a quién se
consideraba secuestrado, como legítimo rey. A partir de ese momento se planteó
como objetivos principales:
-
Reformar profunda y estructuralmente las
instituciones políticas,
económicas y jurídicas españolas y
-
Redactar una Constitución.
El primero de estos objetivos se llevó a
cabo mediante una serie de decretos y leyes. Destacando por su
mayor transcendencia:
-
la abolición del régimen jurisdiccional
(agosto de 1811). Se eliminaron los derechos jurisdiccionales, pero en la
práctica las tierras a ellas sujetas se convertían en propiedad privada de los
señores.
-
La desamortización de bienes de propios y
baldíos (enero de 1813). Su objetivo era amortizar deuda y recompensar a
los militares retirados. No llegó a ser aplicada.
-
La eliminación de los mayorazgos, al declararse la propiedad libre y sólo
atribuible a particulares.
Igualmente, cabe destacar
en la obra legislativa de las cortes gaditanas: Decreto
de libertad de imprenta, la Supresión del Santo Oficio de la Inquisición y los
Decretos de la supresión de gremios y libertad de trabajo, industria y precios.
6. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.
De forma genérica definimos
Constitución como el texto jurídico fundamental de un Estado, cuyo articulado
constituye (de ahí el nombre) el fundamento de todas las demás leyes de dicho
Estado.
La Constitución de 1812, texto excesivamente prolijo y
minucioso, consta de 384 artículos agrupados en diez títulos:
El principio básico del liberalismo la Soberanía Nacional fue aprobada en la primera sesión de las Cortes y significaba el reconocimiento de que el poder residía en la nación, el conjunto de los ciudadanos, sin distinción de estamentos y que se expresa a través de las Cortes formadas por representantes de la nación. Fue defendido ardorosamente por el grupo más brillante de los liberales (Argüelles, Muñoz Torrero...) siguiendo las ideas de la Revolución Francesa y de la Independencia de EE.UU. y será la base de toda la futura reforma liberal del Estado: reconocimiento de derechos individuales, limitación del poder real, separación de poderes, supresión de privilegios, etc.
Los absolutistas consideraban por el contrario que
este principio era una imitación francesa y que por tanto el estado español
debía seguir fiel al absolutismo Borbónico. También había partidarios de una
postura intermedia, representada por los jovellanistas, que, bajo el influjo
del modelo británico, se inclinaban por un modelo de Cortes de carácter bicameral,
reservando una de estas Cámaras a los representantes de la nobleza y del clero e igualmente defendían la idea de que la
soberanía descansaba en la conjunción del rey con las Cortes, una posición que
veremos fructificar más tarde en algunos textos constitucionales españoles como
el de 1845.
El texto aprobado por las Cortes el 19 de marzo de
1812 (“La Pepa”) fue resultado de un compromiso entre liberales y
absolutistas, favorable a los primeros porque la Constitución establece
una organización liberal del estado a cambio del reconocimiento total a los
derechos de la religión católica, punto central de los
absolutistas.
Los Derechos individuales que recoge la Constitución del 12
son la base de las propuestas liberales y muchos de ellos son similares a los
recogidos en la de Bayona. A lo largo del texto constitucional encontramos
diversos derechos: igualdad jurídica, inviolabilidad del domicilio, libertad de
imprenta para libros no religiosos, sufragio.....etc.
La estructura del Estado corresponde a la de una monarquía
limitada, basada en una división estricta de poderes:
El poder legislativo reside en “las Cortes con el rey”.
Las Cortes, unicamerales, se reúnen
anualmente y ante el peligro de que el rey no las convoque o las suspendiera se
crea una institución original: la Diputación Permanente,
integrada por 7 diputados elegidos con la misión de velar el cumplimiento de la
constitución. El sufragio es universal e indirecto en cuatro grados pero para ser diputado es necesario disponer
de un determinado nivel de renta.
El poder ejecutivo reside en el Rey, que nombra
o cesa a los Secretarios, pero el rey tiene unos poderes limitados (se teme que
a su vuelta vuelva el absolutismo): posee la dirección del gobierno y la
administración e interviene en la elaboración de las leyes a través de la
iniciativa y la sanción, poseyendo veto suspensivo durante dos años, pero no
puede suspender o disolver las Cortes. También está prevista la intervención de
las Cortes para excluir al heredero del trono por incapacidad o indignidad y
para nombrar la regencia en caso de minoría de edad. Se crea el Consejo de Estado, principal órgano
consultivo del rey que elige a sus miembros a propuesta de las Cortes.
El poder judicial reside en los tribunales. La
administración de Justicia se independiza y la Constitución prohíbe
expresamente la intervención de las Cortes o del Rey. Además se establece la
elaboración de códigos únicos de derecho civil, criminal y comercial.
Además se establece un ejército permanente y
junto a él se establece la Milicia
nacional, organizada en provincias, con un doble objetivo:
reforzar al ejército en caso de guerra y servir de cuerpo de defensa del estado
Liberal. Depende directamente del rey y de las Cortes, no de la cadena del
mando militar.
En cuanto a la organización de la administración
provincial y local, los regidores (alcaldes) serán elegidos por los vecinos
y los jefes Políticos (precedentes de los Gobernadores civiles) los nombrará el
gobierno central. Se establece la obligatoriedad del servicio militar y de la
instrucción pública
Los seculares Consejos
desaparecen, excepto el Consejo de Estado. Para cubrir el hueco que dejaba
la desaparición del Consejo de Castilla, se creó un nuevo Ministerio, el de la
Gobernación.
La estructura histórica pero irracional y complicada
de reinos e intendencias se sustituyó por la división en provincias, sin determinar o decidir el número de ellas.
Esta uniformidad supone también una centralización,
pues se pierden las diversidades regionales.
Un último
aspecto de interés para conocer las preocupaciones de
las Cortes gaditanas es el afán de sustituir la sociedad estamental por una
nueva organización, basada en los principios de libertad e igualdad junto al de
propiedad, anticipadora ya del sistema de clases contemporáneo; su fundamento
es el concepto antropológico que define como guía del comportamiento humano la
búsqueda de la felicidad, que estos liberales identificarán con la riqueza. A
este afán de liquidación del Antiguo Régimen responden tanto buena parte del
articulado de la Constitución como muchas de las restantes leyes aprobadas en
Cádiz.
CONCLUSIÓN (Punto
III del esquema inicial)
Gracias a la lejanía del rey Fernando VII (prisionero
en Francia), la burguesía va a
aprovechar el momento de debilidad del Antiguo Régimen para afianzarse
en Cádiz con la promulgación de una Constitución el 19 de marzo de 1812.
Esta constitución es de carácter claramente liberal y se basaba en un régimen
de monarquía constitucional. La iglesia se seguía manteniendo como una fuerza
política a tener en cuenta, ya que la religión oficial (y única) era la Católica, Apostólica y
Romana.
Finalizada la guerra, la corona española era
restaurada en la persona de Fernando VII.
Las reformas realizadas durante el periodo de las Cortes de Cádiz no fueron del
agrado del rey, quien recibió el incondicional apoyo de los absolutistas
firmantes del llamado Manifiesto de los Persas. Un Golpe de Estado (el
del General Elío) ponía fin a la era liberal inaugurada con la convocatoria de
Cortes y el decreto de 4 de mayo de 1814 declaraba "nulos y
de ningún valor ni efecto" tanto la Constitución como
todos los decretos promulgados por las Cortes gaditanas. De esta manera se restauraba la monarquía absoluta y
se recuperaba la sociedad del Antiguo
Régimen. Además se daban los
primeros exilios políticos de la historia contemporánea: los afrancesados.
La transcendencia
de la Constitución
gaditana no sólo tuvo un alcance nacional, sino que ejerció influencia en los
movimientos liberales de Italia o Alemania, incluso se ha hablado de
influencias en las revueltas que tienen lugar en Rusia en 1820 y 1825.
Aunque la obra de Cádiz quedaba en
suspenso seguiría siendo el motor histórico fundamental de la historia española
durante buena parte del siglo.
EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833).
7. La España de Fernando VII (1814-1833).
7.1 El restablecimiento del absolutismo (1814-1820).
Una vez acabada la Guerra, las Cortes se trasladan a Madrid. De acuerdo con la Constitución, las Cortes, para aceptar a Fernando VII como rey, éste debía jurar la Constitución. Fernando, mitificado hasta la saciedad y denominado el Deseado, recuperó su trono entre muestras de calor popular y de prestigio. Era el símbolo de los seis años de resistencia y encarnaba grandes expectativas de cambio y mejoras tras una etapa tan especialmente penosa. Pero Fernando VII buscó en primer lugar el acercamiento a los círculos más reaccionarios del país, y los viejos absolutistas, que sólo habían tolerado la obra de Cádiz, se aprestaron entonces a volver a la situación anterior a 1808. Ciertamente, la labor de las Cortes de Cádiz también había producido muchos descontentos y Fernando VII supo aprovecharse de este ambiente para abolir toda su obra y restablecer el anterior sistema de gobierno: el absolutismo.
Fernando VII llega a España, entra por Cataluña (marzo de 1814), sigue hacia Zaragoza, y de allí a Valencia, en esta ciudad recibe el Manifiesto de los persas, un escrito de sesenta y nueve diputados instándole a que implante el Antiguo Régimen y por tanto la monarquía absoluta. A su vez, el monarca también recibía en Valencia el apoyo del general Francisco Javier Elío con sus tropas para que volviera a recobrar sus derechos absolutos. Ya no había dudas en el rey. Se preparó el golpe de Estado y, mediante el decreto, dado en Valencia, de 4 de mayo de 1814, se restauraba el poder absoluto del monarca y se abolía toda la legislación de las Cortes de Cádiz, “como si no hubiesen pasado jamás tales actos”. A finales de mayo, Fernando VII, como rey absoluto, entraba en Madrid. Debe tenerse en cuenta que el retorno al absolutismo se inscribe en un contexto favorable a la vuelta al Antiguo Régimen en Europa a la caída de Napoleón. Las potencias vencedoras de Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena y terminaron creando la Santa Alianza, una unión entre las monarquías absolutistas para acabar con cualquier brote liberal. Tras el golpe de Estado vino la represión política. Fueron detenidos y juzgados liberales y afrancesados, acusados, respectivamente, de conspiración contra el rey y de traición. Otros muchos lograron abandonar antes el país, integraban el primer exilio de la España contemporánea. En cuando a la labor de los gobiernos de Fernando VII hay que decir que fue desastroso. Hubo una gran inestabilidad; el gobierno, en efecto, estaba compuesto de cinco ministerios por donde pasaron treinta ministros en seis años. Enderezar la caótica situación económica requería unas medidas que estos gobiernos eran incapaces de adoptar. La Hacienda estaba prácticamente en bancarrota, los pagos de los intereses de la deuda estatal no se cumplían y la guerra en América se llevaba los pocos ingresos de la Hacienda. Pero el mantenimiento de las colonias americanas era clave para la Hacienda, por los recursos que desde siempre habían generado a la Hacienda, y ello explica el denodado esfuerzo de Fernando VII para hacer fracasar la independencia de las colonias. La represión política no detuvo la acción de los sectores liberales. Se dedicaron a conspirar siendo el mejor marco para ello las logias masónicas, muy difundidas en el ejército. Era el complemento necesario. Los liberales carecían de la fuerza necesaria para hacerse con el poder y volver al constitucionalismo; la iniciativa, en efecto, tendrá que partir de un sector del ejército a favor del liberalismo, que recibirá el apoyo por parte de grupos urbanos. Son los pronunciamientos militares, que tanto caracterizaron a nuestro siglo XIX. Durante el periodo de 1814 a 1819 hubo varios (Francisco Espoz y Mina en Pamplona, Juan Díaz Porlier en La Coruña, Luis de Lacy en Barcelona, Joaquín Vidal en Valencia…), pero todos fracasaron al no contar con el suficiente apoyo. En 1820, en cambio, el teniente coronel Rafael del Riego se subleva en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas que se concentraban para sofocar la rebelión en América; él y otros militares que se suman a la sublevación exigen al rey que jure la Constitución de 1812. El rey, consciente de su debilidad, aceptó el 7 de marzo la Constitución de 1812, la juró el día 9 y el 10 publicó un manifiesto en que afirmaba: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”.
7.2 El Trienio Liberal (1820-1823).
El pronunciamiento de Riego en Cádiz fue secundado por otros pronunciamientos liberales en La Coruña, Zaragoza, Barcelona, etc. Ello unido a la pasividad del ejército, hacen que el rey Fernando VII se quede solo y no tenga más remedio que jurar la Constitución de 1812. Entramos así en el llamado Trienio Liberal. El rey nombra un nuevo gobierno presidido por el liberal Agustín Argüelles, que proclamó una amnistía para facilitar el regreso de los exiliados políticos, y convocó elecciones a Cortes, conforme a la Constitución, donde obtuvieron la mayoría los liberales. A lo largo de los tres años, las Cortes aprobaron una legislación reformista, que completaba y desarrollaba la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, con la intención de acabar con el Antiguo Régimen: - Supresión de la vinculación de la tierra (mayorazgos). - Abolición de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, con una fórmula favorable a la nobleza titular de los señoríos, que pasaban de ser “señores” a “propietarios”. Una solución que demostraba como los liberales se mostraban en esta cuestión más moderados que revolucionarios. Y también viene a explicarnos la postura antiliberal que apareció entre el campesinado, que veía ante sus ojos como se consolidaba la gran propiedad. - Ley de Supresión de Monacales, por la que se disolvían los conventos y se desamortizaban sus bienes. La consecuencia de esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia, dispuesta a apoyar la vuelta al absolutismo. También quedó suprimido el Tribunal de la Inquisición. - Ley de desamortización de tierras de propios, que en el fondo vino a beneficiar a los ya propietarios agrícolas. - Restablecimiento de la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar, que los liberales apoyaban en los medios urbanos para defender la Constitución. Mientras, en el interior de la cámara empezó a darse una división entre los mismos liberales. Por un lado estaban los moderados, antiguos políticos doceañistas que se habían moderado y buscaban una aceptación del sistema por la corona, lo que pasaba por reformar la Constitución; eran partidarios, por tanto, de realizar reformas con prudencia. Por otro lado estaban los exaltados o radicales, se trataba de elementos jóvenes, querían una aplicación estricta de la Constitución, reduciendo, si cabe, los poderes del rey a los meramente ejecutivos. Confiaban en el apoyo de los sectores liberales de las ciudades, de parte del ejército y de los intelectuales y de la prensa. Su actuación era muy ruidosa, desde los clubs y Sociedades Patrióticas mediatizaban la acción del gobierno y la de las Cortes, forzando a una política más revolucionaria. A todo esto, el régimen constitucional avanzaba con grandes dificultades. Tenía la oposición de las potencias absolutistas de Europa, las reacciones antiliberales del campesinado, los problemas de la Hacienda, llena de deudas a la espera de una reforma fiscal y los enfrentamientos con la Iglesia. Y, para terminarlos de arreglar, la resistencia del propio rey, enfrentado a las Cortes, que vetaba leyes y manifestaba opiniones contrarias al gobierno. También conspiraba con sectores de la nobleza y de la Iglesia. El 7 de julio de 1822, en Madrid, un golpe militar contrarrevolucionario pudo acabar con el gobierno liberal. Detrás de él también estaba el rey. Fue protagonizado por regimientos de la Guardia Real, pero terminó siendo sofocado por la Milicia Nacional y por paisanos armados. Su efecto fue la caída del gobierno, moderado, de Martínez de la Rosa y su sustitución por otro, radical, presidido por el general Evaristo San Miguel. Desde entonces las partidas o guerrillas realistas organizadas por la aristocracia y el clero absolutista, que ya venían actuando desde 1821, incrementaron sus acciones. En Seo de Urgel se hicieron fuertes e instalaron una Regencia formada por absolutistas. Sin embargo, el nuevo gobierno pudo acabar con estas partidas y, en febrero de 1823, tropas del gobierno acababan con la Regencia de Urgel. El propio monarca y los absolutistas lo veían claro. Para terminar con el régimen constitucional no había otra forma que actuar desde fuera. Y así fue. Las potencias de la Santa Alianza decidieron en el congreso de Verona (octubre de 1822) intervenir en España para restablecer el poder real. Francia fue la encargada de enviar un ejército (llamado los Cien Mil Hijos de San Luis) que entró en España en abril de 1823 al mando del duque de Angulema. Recorrió, sin apenas oposición, la Península, llegó a Cádiz dónde fue libertado el monarca, llevado por el gobierno casi como un prisionero.
7.3 La década absolutista (1823-1833), llamada también década ominosa.
Por decreto de 1 de octubre de 1823 el rey declaraba la nulidad de todo lo aprobado por las Cortes y el gobierno durante los tres años constitucionales. Otra vez, muchos liberales se veían obligados a abandonar España, instalándose, la mayor parte, en Gran Bretaña. Fernando VII desencadenó una violenta represión, el “terror blanco”, contra los liberales, muchos de los cuales, entre ellos Rafael del Riego, fueron ejecutados. A instancia del rey se crearon Comisiones Militares para procesar a los que desempeñaron puestos en el Trienio, con más de cien ejecuciones; se organizaron Juntas de Purificación, encargadas de depurar la Administración de empleados y profesores de tendencia liberal. También se creó el cuerpo de Voluntarios Realistas, réplica absolutista a los milicianos nacionales, que sembraron el terror por todo el país. Por otro lado, al no restablecer el monarca la Inquisición, se constituyeron las Juntas de Fe encargadas de perseguir a los clérigos que habían colaborado con los liberales. Se comprende, en fin, que la historiografía liberal denominara como “ominosa” o abominable a esta década. Con todo, por mucho que lo pretendieran los absolutistas más acérrimos, la vuelta al absolutismo, repitiendo los esquemas de la restauración de 1814, no era posible, entre otras cosas, porque con aquéllos se desembocó en la vuelta al liberalismo en 1820, algo que no se estaba dispuesto a repetir. Esto explica la incorporación de ministros con ideas favorables a la aplicación de reformas, como Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, que introdujo una reforma presupuestaria y fiscal; también, en esta línea, estaba la promulgación del Código de Comercio (1829), la creación del Banco de San Fernando (1829) y la fundación de la Bolsa de comercio en Madrid (1831). Por tanto, con la vigilancia estrecha del monarca, había una vía media defendida por estos absolutistas reformistas, cuyo objetivo final era la supervivencia del absolutismo, pero esta vía estaba amenazada, a su vez, por los liberales, que pretendían, mediante pronunciamientos o conspiraciones la vuelta a la Constitución, y por los absolutistas acérrimos, realistas ultras o ultrarrealistas, opuestos a cualquier cambio o reforma. El gobierno, por tanto, se encontraba bajo el temor a una insurrección liberal o ante la presión del sector ultrarrealista, decepcionados con el rey por su apoyo a ministros reformistas o por no haber repuesto la Inquisición. En la corte, este sector se agrupaba alrededor de don Carlos María Isidro, hermano del rey y su posible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia. Una prueba del poder de los ultras es la insurrección organizada por ellos en Cataluña (“guerra de los agraviados” o “malcontents” en 1827) que se extendió a puntos del País Vasco y a otros de Valencia y Andalucía. Por entonces ya empezó a oírse el grito de “¡Viva Carlos Quinto!”, que sintetizaba la protesta contra un monarca al que veían blando, sin mano dura y dejaba hacer a ministros “reformistas”. También se reprimieron todos los levantamientos liberales. A partir de 1830, el triunfo de la revolución francesa de 1830, animó las esperanzas de los exiliados liberales españoles. Sin embargo, no se llegaba a ver la falta de apoyo entre la población española ni la efectividad de la policía que descubría y desarticulaba cualquier acción. Mariana Pineda era ejecutada en mayo de 1831 por haber bordado en una bandera española las palabras “Libertad, Igualdad, Ley” y el último intento, el protagonizado por un grupo dirigido por José María Torrijos finalizó con el fusilamiento de Torrijos y los 49 hombres detenidos con él (diciembre de 1831). La cuestión sucesoria domina la parte final del reinado. El 1830, después de un cuarto matrimonio, con María Cristina de Borbón (de los Borbones de Nápoles), y ante la eventualidad de una descendencia femenina el rey promulgó la Pragmática Sanción (marzo de 1830), que derogaba la Ley Sálica, con lo que privaba de sus derechos al infante don Carlos, a cuyo alrededor se agrupaban los ultrarrealistas. En octubre nacía la heredera, la futura Isabel II. Los partidarios de don Carlos, también llamados apostólicos, no tiraron la toalla, esperaron pacientemente su momento. En efecto, en septiembre de 1832 tuvieron lugar los llamados sucesos de La Granja. La familia real se encontraba aquí veraneando, el rey enfermó gravemente y medio moribundo, aconsejado por Calomarde, ministro a favor de don Carlos, anuló la Pragmática Sanción, con lo que reconocía como heredero a su hermano Carlos. Pero cuando el rey mejoró su salud, y pudo darse cuenta de la conjura que se había organizado a su alrededor, despidió a Calomarde y cambió el gobierno, ahora encabezado por Cea Bermúdez. Los apostólicos, que empezaban a llamarse “carlistas” habían fracasado. El gobierno actuó con celeridad, reemplazó a militares ultras, dispuestos a movilizar a los voluntarios realistas, por otros fieles a Fernando VII. El mismo don Carlos tuvo que abandonar la corte, marchando a Portugal, donde declaró que no reconocía a su sobrina Isabel como legítima heredera del trono y que seguía considerando intactos sus derechos a la corona. El 29 de septiembre de 1833 fallecía Fernando VII y se iniciaba la regencia de María Cristina. Días después, en diferentes puntos del país, se producían levantamientos armados a favor de don Carlos, daba comienzo así una guerra civil que enfrentó a los carlistas contra los isabelinos. Ante la pugna entre los dos absolutismos, uno más moderado, a favor de ciertas reformas, el otro plenamente intransigente, para los liberales se abría la gran oportunidad para acceder al poder, para lo que llevaban mucho tiempo esperando.
8. La emancipación de la América española.
8.1 El origen del proceso emancipador.
El proceso de independencia de las colonias españolas en la América continental tiene sus raíces en los siguientes fenómenos: los cambios culturales y políticos del siglo XVIII; la experiencia de autogobierno que le proporciona a la burguesía criolla el vacío de poder producido en 1808; la debilidad de la monarquía fernandina, agobiada por las deudas subsiguientes a la guerra; la incapacidad diplomática de España y la escasa capacidad de control marítimo derivada del desastre de Trafalgar.
8.2 El proceso de independencia.
Durante el siglo XVIII, la política de los gobiernos españoles sobre las colonias americanas redujo, con su monopolio comercial, el crecimiento de la burguesía criolla, clase social adinerada pero apartada de los centros de decisión política reservados a la minoría peninsular. Esta burguesía criolla será la que dote al proceso emancipador de sus líderes fundamentales y la que asuma el poder cuando las tropas españolas abandonen el continente. El proceso emancipador puede dividirse en dos fases: - Primer periodo que llega hasta 1816, en que casi queda dominada. Coincide en gran parte con la Guerra de la Independencia en España. A partir de 1808, al hundirse el La emancipación de la América Española. aparato administrativo de la metrópoli, los criollos optaron por no someterse a la autoridad de José Bonaparte y crearon Juntas que asumieron, a imitación de las españolas, el poder en sus territorios. Entre los movimientos independentistas destacan, en esta etapa, los protagonizados en México por el cura Miguel Hidalgo, en 1810, de fuerte contenido social al aglutinar al campesinado, y por el también cura José Mª Morelos, en 1813; ambos serían fusilados por las autoridades españolas. En el territorio del Río de la Plata se dieron los primeros pasos para la independencia de Argentina (1810). En Venezuela, Simón Bolívar también los dio (1811), sin embargo, las tropas españolas lograron rehacer la situación y Bolívar tuvo que abandonar Caracas (1814). En general, con la vuelta de Fernando VII a España, en 1814, se logra restablecer la situación, reconquistando la mayor parte del territorio y encarcelando o forzando al exilio a los líderes independentistas. - Segundo periodo que se extiende hasta 1824. La monarquía de Fernando VII, que domina casi todos los focos de rebelión salvo los territorios del Río de la Plata, no tiene recursos para aguantar el nuevo rebrote independentista a partir de 1816. El apoyo del Reino Unido a los insurrectos, interesado en comerciar directamente con las colonias emancipadas, y los nuevos proyectos norteamericanos para el conjunto del continente animaban a los independentistas. En efecto, el presidente estadounidense James Monroe difundió una declaración, en 1823, donde proclamaba la oposición de EE.UU. a una intervención de las potencias europeas en la América española, como había ocurrido meses antes en España para poner fin al Trienio Liberal. Las campañas de José de San Martín posibilitan la independencia de Argentina (1816); después San Martín atravesó los Andes, derrotó a los españoles en Chacabuco (1817) y propició la independencia de Chile (1818). Las campañas de Simón Bolívar en el norte con los triunfos sobre las tropas españolas en Boyacá (1819) y Carabobo (1821) permitieron la liberación de Ecuador, Venezuela y Colombia. En México, el movimiento independentista liderado por Agustín de Itúrbide triunfa en 1822. La emancipación del virreinato del Perú fue la última en consumarse como resultado de una ofensiva militar conjunta de Simón Bolívar, por el norte, y José de San Martín, desde el sur. Finalmente, Antonio José de Sucre, lugarteniente de Bolívar, en la batalla de Ayacucho (1824) derrotaba al último ejército español, al mando del virrey La Serna, lo que originó la independencia de Perú y Charcas (=Bolivia, en honor a Simón Bolívar). En 1824 la mayor parte de las colonias se habían independizado de la corona española, que sólo mantenía el dominio en Cuba y Puerto Rico, y, en el Pacífico, en las islas Filipinas, las Marianas y otros archipiélagos. La independencia de las colonias no solo cerró tres siglos de unión política entre la metrópoli y América, sino que originó profundas transformaciones a ambas orillas del Atlántico. España se quedó convertida en una potencia de segundo orden y económicamente maltrecha por perder los recursos que venían de las Indias, así como sus ricos mercados. Las nuevas repúblicas fueron presa fácil del neocolonialismo de potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también las disputas territoriales entre ellas contribuyeron a consolidar su identidad nacional.
Para reinado Fernando VII y Emancipación América Española:
bachiller.sabuco.com/historia/crisisantiguoreg.pdf
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