TEMA 4. DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS.

1 INTRODUCCIÓN.

2. LAS DESAMORTIZACIONES
         2.1 La herencia del Antiguo Régimen.
         2.2 Fases de la Desamortización.
         2.3 Consecuencias de la Desamortización.
                    2.3.1. Consecuencias económicas.
                    2.3.2. Consecuencias sociales.
                    2.3.3. Consecuencias políticas y culturales.
         2.4 Valoración del proceso desamortizador.

3.  LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA
         3.1. El atraso agrario.
         3.2. Evolución de la agricultura.
         3.3. Participación de la agricultura en el crecimiento económico.

III.  CONCLUSIÓN.

1. INTRODUCCIÓN.

La desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del siglo XIX. Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra.

 

Por desamortización entendemos la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva, privada, con plena libertad de uso y disposición; así pues pasan a tener la condición de bienes libres de propiedad particular ordinaria. Distíngase entre ‘desvinculación’ y ‘desamortización’. Por la primera, los bienes se hacen libres en sus mismos poseedores, como sucede con los mayorazgos. Por la segunda, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son ‘bienes nacionales’, y el Estado los vende a particulares, y al adquirirlos los compradores, se hacen ‘bienes libres’.

2. LAS DESAMORTIZACIONES.

2.1. La herencia del Antiguo Régimen.

La propiedad de la tierra, en la España del Antiguo Régimen, se caracterizaba porque el dominio útil de la tierra estaba, en gran medida, en manos de la nobleza y de la Iglesia. La nobleza, gracias a la institución del mayorazgo, había constituido un patrimonio de bienes rústicos y urbanos sustraídos al libre comercio; merced a aquella institución no podían enajenar sus propiedades ni tampoco dividirlas, sino que debían transmitirlas íntegras al primogénito. La  Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las numerosas donaciones de que era objeto desde hacía siglos. De esta forma, la tierra quedaba inmovilizada y convertida en tierra de “manos muertas”.

También los municipios eran propietarios de tierras que tenían su origen en concesiones reales durante la Reconquista.  Solían consistir en bosques o terrenos áridos (montes y baldíos), cuya utilización adoptó dos formas: tierras de “aprovechamiento común” por parte de la colectividad (pastos para el ganado, obtención de leña y madera) y tierras de “propios” que  eran arrendadas a particulares que las cultivaban. Como resultado, la cantidad de tierra a la que se podía acceder como propietario había ido disminuyendo y encareciéndose.

2.2. Fases de la  Desamortización.

Este fenómeno antes de ser aplicado en toda su intensidad, tuvo una serie de precedentes.

a) En efecto, en primer lugar durante el reinado de Carlos III, aunque sólo desde un punto de vista teórico, cuando los ilustrados criticaban la amortización de bienes raíces y le achacaban el ser la principal causa del atraso agrario. Los reformistas ilustrados del siglo XVIII, preocupados por obtener el máximo rendimiento de la tierra y los recursos naturales, fuente para ellos de la riqueza y fortaleza del Estado, habían insinuado la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejora técnica.

b) Posteriormente con Godoy, en 1798-1808, cuando la política belicista y el crecimiento brutal de la deuda pública obligaron a iniciar una desamortización de bienes municipales y eclesiales con un importe de unos 1600 millones de reales, obteniéndose permiso de la Santa Sede para expropiar y vender los bienes de los jesuitas y de obras pías (hospicios, beneficencia, etc.).

c)  José I, entre 1808 y 1813. Su alcance fue muy limitado por la situación de guerra.

d) Durante las Cortes de Cádiz se llevaron a cabo legislaciones que contemplaban la supresión de conventos y órdenes religiosas y la puesta en venta de sus propiedades. Estas medidas tuvieron corto alcance por su poca duración y por la situación de guerra. No obstante,  marca las pautas de las siguientes desamortizaciones: enajenación, subasta y razones fiscales (no agrarias).

e) La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes. Por último en el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos. Por tanto, será a la muerte de Fernando VII, cuando los Liberales, fundamentalmente los progresistas, pongan en marcha la maquinaria jurídica-económica, capaz de poner en venta ingentes cantidades de tierra.

f)  Mendizábal (1836). No pretenden los gobiernos liberales una reforma agraria “total”, ni se buscaba el bien de los campesinos, ni tan siquiera de mejorar la agricultura española, tan atrasada en aquellos momentos. Así, tres fueron los objetivos que Mendizábal aspiraba a alcanzar, con sus leyes desamortizadoras:

-         Objetivo financiero: buscar ingresos para pagar la deuda pública del Estado y obtener recursos económicos para costear la guerra contra los carlistas.

-         Objetivo político: ampliar el número de simpatizantes al liberalismo, crear un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino porque los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria del bando liberal en la guerra, pues un hipotético triunfo de los carlistas obligaría a devolver las fincas a la Iglesia. Además, hay que tener en cuenta que buena parte del clero regular era simpatizante de la causa carlista.

-         Objetivo social, aunque dudosamente admisible: crear una clase media de campesinos propietarios.

Así pues, el nombre de Mendizábal va unido a la desamortización

Juan Álvarez Mendizabal

eclesiástica. Así, en  de julio de 1835 se decretó la supresión de conventos y monasterios que tuviesen menos de doce profesos, aplicándose sus bienes a la extinción de la deuda pública. 

El 11 de octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimía las órdenes religiosas. Otro decreto, promulgado el 19 de febrero de 1836, se declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro.

La secuencia desamortizadora se sustenta en dos niveles. El primero hace referencia a la supresión de instituciones religiosas y la aplicación de sus patrimonios para la extinción de la deuda pública. Por otro lado, el decreto de febrero de 1836 establecía los principios y mecanismos de la desamortización: se declaraban en venta todos los bienes y demás bienes calificados o que se calificarán como nacionales. Entre otras cuestiones, el decreto fijaba en su artículo 3º la subasta pública como norma para realizar las ventas, previa tasación, y en su artículo 10º como forma de pago se admitía el dinero en efectivo o los títulos de la deuda consolidada por todo su valor nominal.

Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, alcanzando una puja media del 220% sobre el precio de salida; estas pujas fueron acaparadas por los inversores burgueses, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas. Además comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admitían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como estaban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

En total entre 1836 y 1844 se habían vendido propiedades por valor de 3274 millones de reales. Se habían desamortizado el 62 % de las propiedades de la Iglesia.

Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron a Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. En un artículo publicado en el Español, en febrero de 1836, se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema propuesto por el ministro de Hacienda. Su preocupación reformista era fundamentalmente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Flórez Estrada volvió a enlazar con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria. Su propuesta era arrendar en “enfiteusis” (Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de una finca mediante el pago anual de un canon al que hace la cesión, el cual conserva el dominio directo) por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo. Esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo advertía que con las ventas todas las clases de la sociedad saldrían perjudicadas y solo ganarían los especuladores.

Aunque los moderados paralizaron el decreto de desamortización durante la década en la que gobernaron en solitario (1844-1854), en realidad ya quedaba muy poco eclesiástico que nacionalizar.

g) La segunda gran desamortización fue iniciada, de nuevo con los progresistas en el poder (1854-1856). En efecto,  con la Ley Madoz o de “desamortización general”, de 1 de mayo de 1855, se procedió a la última y más importante etapa de esta gran operación liquidadora. Se hablaba de “desamortización general” porque se trataba ahora no ya solo de los bienes de la Iglesia, sino de todos los amortizados, es decir, de los pertenecientes al Estado y a los municipios también, los propios y baldíos de los municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. 

Se trataba,  por tanto, de completar y terminar el proceso de desamortización iniciado por Mendizábal en 1836. Con esta Ley se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes a manos muertas que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones.  De todos ellos, los que destacaban por su importancia eran los bienes que pertenecían a los municipios, tanto los que eran propiedad del pueblo en su conjunto -propios- y los beneficios que producían revertían en la totalidad de la comunidad, en forma, por ejemplo, de mejoras de infraestructura, como los comunes, que siendo también del pueblo podían ser disfrutados personal e individualmente por los vecinos del mismo para llevar el ganado a pastar o para recoger leña para el hogar.

La finalidad de la Ley Madoz era fundamentalmente, como lo había sido la de Mendizábal, la de obtener medios económicos para el Estado. Tampoco en esta ocasión aparece como una preocupación por parte de los progresistas el acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos que más pudieran pagar por ellos. Es decir, se utilizó también el procedimiento de la subasta pública para su venta, No obstante, se introdujeron algunas mejoras técnicas en cuanto a la forma de pago, pues ésta sólo podría hacerse en metálico y en un plazo de quince años, con un descuento del 5% sobre los plazos adelantados. Estas condiciones se modificaron en parte en 1856, admitiéndose en algunos casos títulos de Deuda para pagar la mitad del valor total de los bienes adquiridos, pero sólo al valor de cotización del día anterior a la operación.

         La Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas, por un valor cercano a los 8000 millones de reales.  Se calculó en más de 1700 millones de reales el ingreso para la Hacienda por la operación. De otro lado, la desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley planteaba de nuevo, a los cuatro años de la firma del Concordato, tensiones con la Santa Sede. Por este motivo, la reina se negó en un principio a sancionar la ley cuando se la presentaron en Aranjuez, donde se hallaba, Espartero y O’Donnell. Tras algunas dilaciones y excusas no tuvo más remedio que sancionarla, aun con graves problemas de conciencia, lo que provocó la ruptura con Roma.

2.3. Consecuencias de la Desamortización.

La desamortización, al desvincular las tierras de sus propietarios, rompió la organización jurídica existente, haciéndolas aptas para ser vendidas, enajenadas o repartidas. Con la introducción de la propiedad privada y la libertad de mercado en el sector se iniciaba una nueva etapa en la agricultura española; sin embargo, los resultados obtenidos fueron dispares.

2.3.1 Consecuencias económicas.

• Favoreció una considerable expansión de la superficie cultivada y de la producción agraria, si bien esta última fue causada más por la extensión de los cultivos a tierras yermas que por la mecanización y por el uso de abonos. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir los antiguos derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento más caros.

• Esta expansión estuvo acompañada frecuentemente de un efecto negativo: la deforestación. Los compradores que adquirieron pequeños lotes de monte par convertirlos en tierras de labor u obtener un beneficio inmediato con la venta de leña y madera, talaron los árboles de manera indiscriminada. 

•Tampoco se obtuvieron los resultados financieros que se esperaban, porque los  fondos, tanto en metálico como en bonos de la Deuda pública, tardaron en llegar y se desvalorizaron.

• Por otra parte,  la compra de tierras inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital importancia para poner en práctica la incipiente industrialización de España-

2.3.2 Consecuencias sociales.

• No consiguió crear una amplia clase media agraria, aunque sí contribuyó a sustituir  la estructura social señorial campesina, heredada del Antiguo Régimen, por una estructura capitalista.

• Los principales beneficiarios no fueron los antiguos trabajadores de la tierra; al contrario,   la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuando el latifundismo en Andalucía y Extremadura, por ejemplo. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios. Estas gentes, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva clase terrateniente que tendrá el poder durante el reinado de Isabel II. 

Los que desde luego no compraron, en general, fueron los campesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiados grandes, pujas muy altas o subastas amañadas.

• La roturación de la vieja propiedad municipal empobreció a los ayuntamientos, privándolos de su autonomía económica; asentó a campesinos empobrecidos sobre tierras no aptas para el cultivo en propiedad individual, al tiempo que les privó de los escasos beneficios secularmente obtenidos de las tierras de aprovechamiento común.

• En resumen: Beneficiados: la nobleza terrateniente y la burguesía urbana.                        Perjudicados: la Iglesia, los municipios, los campesinos pobres    y  los jornaleros. .

2.3.3 Consecuencias políticas y culturales.

• Se creó una masa de adheridos a la causa liberal, por estar ligada a ella la suerte de sus fortunas; pero también por  esta causa se creó enemigos entre aquellos más afines a la Iglesia, provocando una escalada de tensiones entre la Iglesia y el Estado liberal cuyas relaciones quedaron rotas durante una década.

• La desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales de los antiguos monasterios.  Muchas obras arquitectónicas se arruinarían, y bienes muebles (pinturas, bibliotecas, enseres) fueron vendidos a precios irrisorios y, en gran parte, salieron hacia otros países. Todo ello, a pesar de que en 1840 se habían establecido unas comisiones provinciales encargadas de catalogar y custodiar esos bienes.

• Consecuencias en el terreno urbanístico, cultural y religioso. En las ciudades como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano la alta burguesía acaparó los mejores edificios, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

2.4 .Valoración del proceso desamortizador.

En definitiva, no se aprovechó la ocasión para crear una clase media agraria que hubiera podido ser un factor de equilibrio en la nueva sociedad. Al no consolidarse ésta, falló igualmente la posibilidad de que surgiera un sector ahorrativo, capaz de estimular la demanda del mercado y de impulsar las inversiones en el propio campo y en otros sectores económicos.

           La desamortización se convirtió, pues, en una frustrada reforma agraria que hizo más mísera la condición del campesino, creando una oligarquía agraria llamada a ejercer por largo tiempo el poder político y económico en España.
          En la Andalucía de la época, nada ejerció tanta influencia como el proceso desamortizador. La desamortización vino a significar una verdadera revolución, de la que se beneficiaron algunos antiguos y ricos colonos de la Iglesia, la clase media, tanto ciudadana como pueblerina, las grandes fortunas

burguesas y bastantes personas residentes en Madrid o que ocupaban cargos políticos fuera de los pueblos donde estaban enclavadas las fincas. De ahí el perjuicio causado a los campesinos, cuya situación se agravó, al tener que aceptar las condiciones impuestas por sus nuevos “señores”, no ya feudales, sino protagonistas de la revolución liberal. La desamortización fue, también para Andalucía, una ocasión perdida, de la que surgió un proletariado campesino que ha llegado a nuestros días.

3. LOS CAMBIOS EN LA AGRICULTURA.

3.1. El atraso agrario.

Al iniciarse el siglo XIX, la agricultura presentaba todos los rasgos de un sector mínimamente evolucionado: se trataba de una agricultura de subsistencia basada en el cultivo de cereales, usaba unas técnicas agrícolas tradicionales fundamentadas en la rotación trienal, utilizaba el arado romano y desconocía el uso de los abonos. Además, el agricultor disponía de poco capital para mejorar su  equipo y escasos medios auxiliares animales.

         El campo español aparecía vacío e inmerso en la rutina. La despoblación tenía su origen en la dureza de la vida del labrador: el exceso de trabajo y su escasa remuneración, las anomalías del clima y la falta de reservas alimenticias eran una invitación para huir de la ciudad, donde se ocupaban como peones en los más bajos menesteres.

       

  La situación descrita se tornaba aún más difícil si tenemos en cuenta las trabas ejercidas por la ganadería trashumante sobre la agricultura, como la permanencia de antiguas leyes que prohibían roturar tierras de pastos o cercar fincas.

De ahí que la agricultura se hubiera convertido, desde las últimas décadas del siglo XVIII, en un problema económico y social cada vez más acuciante, necesitada de profundas y urgentes reformas que la sacaran de la situación de postración en la que se encontraba.

3.2. Evolución de la agricultura.

En el atraso agrario tuvo una influencia muy destacada la estructura de la propiedad de la tierra. Los propietarios de los grandes latifundios de Extremadura, Castilla y Andalucía tenían una gran aversión al riesgo y muy escaso interés por el cultivo eficiente de sus tierras. De esta forma, en esas zonas la inmensa mayoría de la población vivía en unas condiciones cercanas a las de subsistencia. Las diferencias extremas de renta entre una minoría de propietarios y la gran masa de campesinos sin tierra provocaron una notable conflictividad, manifiesta en las movilizaciones campesinas en defensa de una reforma agraria que permitiese el acceso a la propiedad de la tierra.

          A los problemas generados por el latifundismo, hay que añadir los del minifundismo. En la Submeseta norte y en Galicia, la subdimensión de las

explotaciones (minifundios), unido a la mala calidad de la tierra en el primer caso, impidió que llegaran a ser competitivas y obligó a emigrar a muchos campesinos.
          Hasta bien entrado el siglo XX, el cereal, que contó con una gran protección arancelaria, fue el principal cultivo del campo español. En 1931, el valor de la producción de cereales y leguminosas representaba más del cuarenta por ciento del total del producto agrario. Como contrapartida, a finales de los años veinte, el precio de venta del quintal de trigo era en España más de un 50% superior que en Gran Bretaña. Con ello, la creciente población urbana se vio obligada a consumir alimentos a precios mucho mayores que los del mercado internacional. Y así, la renta disponible para demandar productos manufacturados fue menor.
          Otros cultivos, entre los que destacan la vid, el olivar y los cítricos, tuvieron una trayectoria más dinámica. La expansión de la viticultura durante el último tercio del siglo XIX fue importante en La Rioja y Cataluña y mejoró la venta del aceite de oliva andaluz en los mercados internacionales. También aumentó la superficie de cultivo de la naranja, casi exclusiva del litoral levantino, a consecuencia de la expansión de la demanda de Francia y Gran Bretaña.

3.3. Participación de la agricultura en el crecimiento económico.

El sector agrícola representa un papel importante en toda modernización económica: asegurando una producción para alimentar a una creciente población urbana, creando excedentes para la exportación, como mercado para los bienes industriales, y aportando mano de obra hacia la industria.
           Pero en el siglo XIX todo esto no ocurrió. En 1900 la población seguía siendo básicamente rural, había déficits alimentarios (hambres, falta de calorías y proteínas), no hubo exportaciones y el nivel de consumo era muy bajo.

   No fue tampoco un mercado para la industria ni hubo trasvase de capitales a otros sectores, por la desconfianza tanto en la industria como en los bancos. Tampoco hubo transferencia humana hacia la industria y otros sectores.

 Hasta finales del XIX se mantiene en España el Régimen Demográfico Antiguo (alta mortalidad, analfabetismo, dieta pobre, bajo nivel de vida, desidia de los gobiernos). Habrá algo de emigración a partir de 1880 pero hacia el extranjero, no hacia las ciudades.

III. CONCLUSIÓN.

La desamortización constituyó la medida más revolucionaria entre las adoptadas por el gobierno liberal. Pero no fue suficiente, porque la agricultura española, muy atrasada, no fue motor para provocar una verdadera revolución industrial en nuestro país.

           Al atraso secular en las técnicas agrarias y a la lenta evolución de la producción durante el siglo XIX, se vino a unir una desaprovechada oportunidad, la desamortización de la tierra, que pasó de manos eclesiásticas y municipales, a manos laicas y privadas, sin llegar a crear una verdadera clase media agraria, y aumentando las diferencias sociales entre una alta burguesía enriquecida y un campesinado cada vez más pobre.