1.
INTRODUCCIÓN.
2.
LA PRIMERA
GUERRA CARLISTA (1833-1839).
3.
LA
IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO DURANTE LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA
(1833-1840) Y DE ESPARTERO (1841-1843).
3.1. Primer período moderado (1833-1835)
3.2. Los progresistas en el poder (1835-1837)
3.3. Los moderados vuelven al gobierno (1837-1840)
3.4. La regencia de Espartero (1840-1843)
4.
EL REINADO
EFECTIVO DE ISABEL II (1843-1868)
4.1. Características generales del período
4.2. La Década Moderada (1844-1854)
4.3.
La Constitución de 1845
4.4. El Bienio Progresista (1854-1856)
4.5. La crisis del moderantismo
(1856-1868)
1.
INTRODUCCIÓN
El reinado de Isabel II (1843-1868) es
un período muy complejo en el que se produjeron importantes transformaciones en
el ámbito político, social y económico.
El Antiguo Régimen fue definitivamente desmantelado, permitiendo el desarrollo de un estado burgués parlamentario, dirigido por una nueva clase social, la burguesía agraria, fruto de la alianza entre la antigua aristocracia y la burguesía.
Se pusieron las bases del sistema
económico capitalista moderno y se produjo el paso de la sociedad estamental a
la sociedad de clases. Fue en esta época cuando surgió el movimiento obrero,
que aunque lento al principio, terminaría irrumpiendo con fuerza a finales del
reinado de Isabel II.
El período estuvo salpicado por guerras
civiles, las guerras carlistas, y por varios pronunciamientos militares.
2. LA
PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839)
Fernando VII murió en 1833 sin
descendencia masculina. La Ley de Partidas, permitía el acceso al trono de la
descendencia femenina. Pero esta Ley fue sustituida por la Ley Sálica, establecida por Felipe V en 1713 por la cual quedaba
excluido el acceso al trono de las mujeres.
Las Cortes de 1789, convocadas por
Carlos IV, restituyeron mediante una Pragmática
Sanción el antiguo orden sucesorio, pero esta decisión no llegó a
promulgarse. Sin embargo, Fernando VII en 1830, mismo año en que nació su hija
mayor (futura Isabel II), hizo pública la Pragmática Sanción de 1789.
Dos días después de la muerte de
Fernando VII, el hermano del difunto, Carlos María Isidro de Borbón, al no
aceptar la nueva legalidad, se
autoproclamó rey de España. Inmediatamente surgieron por distintas partes del
territorio español partidas carlistas. La regente María Cristina buscó el apoyo
de los liberales para garantizar el trono a su hija Isabel, de sólo tres años
de edad.
Carlos María Isidro |
Se
inició de este modo una guerra civil que no debe ser entendida como una simple
guerra dinástica, sino como una guerra de fuerte contenido ideológico, político
y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas más
intransigentes: encontramos a una parte importante de la nobleza; a los
sectores más ultraconservadores de la administración y del ejército; a la
mayoría del bajo clero; así como una parte importante del campesinado y de los
sectores artesanales, que temían que las novedades terminaran por hundir sus
talleres. El absolutismo monárquico, el ultracatolicismo, la defensa de los
fueros y el régimen tradicional de propiedad de la tierra constituían los
elementos fundamentales de la ideología
carlista. Su lema: DIOS, PATRIA Y REY
(resumido en Trono y Altar)
El bando cristino, el que se formó en torno a
la regente María Cristina y su hija Isabel, obtuvo el respaldo de los sectores
liberales reformistas, que vieron en la defensa de esta causa la oportunidad
perfecta para ganar la influencia que les permitiera emprender las reformas
necesarias para transformar el país. Aquí encontramos también otra parte
importante de los generales y del ejército, así como las clases medias urbanas,
los intelectuales, los obreros industriales y el campesinado del sur
peninsular.
El gobierno de María Cristina fue
reconocido internacionalmente desde el principio y contó con el apoyo
diplomático y militar de Inglaterra, Portugal y Francia (La Cuádruple
Alianza).Las potencias absolutistas (Austria, Prusia y Rusia) apoyaron a los
carlistas. La guerra estalló el 1-X-1833, y finalizó en 1840. Se desarrolló
sobre todo en dos áreas: el territorio vasco-navarro y el Maestrazgo, aunque
las correrías afectaron a todo el país. Las fases fueron:
Primera fase (1833-35). Protagonismo Carlista.
La guerra comenzó siendo favorable para
los carlistas, que derrotaron repetidamente a las tropas cristinas. Las
expediciones hacia el sur terminaron fracasando así como el asalto para tomar
Madrid en 1837. Además, en 1835 murió en el asalto de Bilbao Zumalacárregui, el
mejor estratega carlista.
Segunda fase. 1835-1837. Grandes cabalgadas y la guerra de guerrillas.
Los carlistas rehúyen el enfrentamiento
directo y optan por la guerra de guerrillas contra el ejército liberal mejor
organizado. Organizan grandes expediciones que llegan hasta Cádiz o Madrid
(Expedición Real), pero no logran extender ni la guerra, ni su zona de
influencia. En esta fase cobró especial virulencia la guerra en el Maestrazgo,
cuyas operaciones dirigía el general carlista Ramón Cabrera.
Tercera
fase. 1837-1840. Escisiones internas carlistas, triunfo de Isabel II.
En esta fase el protagonismo es de los
liberales y de María Cristina. Al frente del ejército liberal destacará el
general Espartero. Los carlistas sufren una gran crisis interna ya que se
escinden en los moderados partidarios de
pactar con María Cristina,
liderados por Maroto y los apostólicos o intransigentes liderados por
Cabrera. Los primeros pactan con los liberales, rindiéndose en el “Abrazo de
Vergara” entre Espartero y Maroto (los carlistas conservaban sus fueros y los
militares su graduación). Los segundos liderados por Cabrera van a resistir
hasta 1840 en el Maestrazgo donde son derrotados definitivamente y tienen que
exiliarse.
Abrazo de Vergara |
La
guerra generó miles de muertos, tanto militares como civiles, y provocó una
gran destrucción material y económica, especialmente en el norte, donde el
espíritu carlista se mantuvo arraigado durante generaciones.
3. LA
IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO DURANTE LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA
(1833-1840) Y DE ESPARTERO (1841-1843)
3.1. Primer período moderado (1833-1835)
Al iniciarse la Regencia (1833),
destaca la continuidad en el gobierno de Francisco
Cea Bermúdez como primer ministro hasta 1834. Éste, actuando aun como un
déspota ilustrado, margina del poder a amplias capas de la opinión pública. En
este periodo cabe destacar la división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos.
En este contexto de guerra, y ante la
necesidad de recabar apoyos para su causa y la de su hija, María Cristina llamó
al liberal moderado Martínez de la Rosa
para formar gobierno. Éste la convenció de la necesidad de propiciar el
aperturismo del régimen.
Fruto de este espíritu aperturista fue
el Estatuto Real de 1834, una carta
otorgada que regulaba la convocatoria de unas Cortes de carácter extremadamente
conservador y elitista, tanto por su composición como por el modo de elección, mediante
sufragio censitario indirecto. Además, otorgaba a la Corona una amplia
capacidad legislativa y de veto, pudiendo incluso disolver libremente las
Cortes. Dado su carácter restrictivo pronto se abrió paso la idea de
sustituirlo por un texto más progresista.
Entre
los liberales podían
distinguirse dos tendencias políticas: por un lado estaban los moderados (doceañistas), que
respaldaban la actuación del gobierno y se oponían a cambios radicales; por otro
lado estaban los progresistas (exaltados),
que aspiraban a mayores reformas y a la reposición de la Constitución de 1812
frente al Estatuto Real de 1834.
La falta de recursos económicos, los
errores tácticos y las victorias carlistas hicieron crecer el descontento
frente al gobierno, al tiempo que crecía el apoyo a los liberales progresistas.
3.2. Los
progresistas en el poder (1835-1837)
En el verano de 1835 se iniciaron una
serie de revueltas urbanas por todo el país, produciéndose episodios de anticlericalismo,
con el asalto y la quema de conventos, al tiempo que surgían en distintas
ciudades Juntas revolucionarias que redactaron proclamas en las que reclamaban
básicamente: Reunión de Cortes, Libertad de prensa, Nueva Ley electoral y
reclutamiento para hacer frente a los carlistas.
María Cristina se vio obligada a
nombrar a un liberal progresista como jefe de Gobierno, a Juan Álvarez de Mendizábal. Éste comenzó a desarrollar y aplicar
una legislación de corte progresista encaminada a desmantelar el sistema legal
en que se asentaba el Antiguo Régimen. Entre sus principales medidas destacan:
contribuciones extraordinarias para encarar la guerra, Ley de libertad de
prensa y el Decreto de desamortización
de los bienes del clero regular.
Pero esta política progresista
provocó la reacción de los moderados, especialmente cuando sacó adelante su
proyecto desamortizador. María Cristina forzó entonces, en 1836, la dimisión
de Mendizábal. A continuación la regente trató de detener las reformas
puestas en marcha, lo cual provocó una nueva insurrección progresista en verano de 1836. María Cristina, con la Guardia Real del palacio de la Granja
sublevada, se vio obligada a restablecer la Constitución de 1812 hasta que
se elabore otro texto constitucional y a devolver el gobierno a los
progresistas.
El nuevo gobierno progresista
reemprendió la labor de demolición del Antiguo Régimen:
-
Supresión el régimen señorial, las
vinculaciones y el mayorazgo:
-
Eliminación del diezmo
-
Implantación
de una ley municipal que permite a
los municipios elegir a sus alcaldes mediante sufragio
-
Sustitución de los jefes del
ejército. El general
Espartero es colocado al frente para dirigir la guerra.
Las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1837, con la
que se pretendía contentar tanto a
liberales progresistas como a los moderados. Por un lado proclamaba la
Soberanía Nacional y concedía derechos individuales, pero, por otro lado,
mantenía un poder ejecutivo fuerte en manos del rey; establecía unas Cortes
bicamerales, con un Congreso elegido mediante sufragio censitario y un Senado
de designación real.
3.3.
Los moderados vuelven al gobierno
(1837-1840)
Aprobada la Constitución, se convocaron
unas elecciones que dieron el poder a los moderados, que se mantendrían en el
gobierno hasta 1840. Durante esta etapa desvirtuaron parcialmente los elementos
más progresistas de la nueva legislación, aunque sin salirse del marco
constitucional. Finalmente, en 1840, trataron de modificar la ley municipal
que permitía a los municipios elegir a sus alcaldes. Los sectores progresistas
se opusieron frontalmente a tales pretensiones, protagonizando un movimiento
insurreccional que desembocó en la formación de Juntas Revolucionarias en
numerosas ciudades españolas. Esto provocó la dimisión de María Cristina y su
huída de España. Entonces los progresistas dieron su apoyo al general
Espartero, el gran vencedor de la Guerra Carlista.
3.4.
La regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero se convirtió en nuevo
regente. Una vez en el poder procedió con la disolución de las Juntas
revolucionarias y convocó nuevas elecciones que dieron el poder a los
progresistas. Gobernó Espartero de un modo muy autoritario, sin cooperar
con las cortes y reprimiendo las protestas tanto de moderados como de
progresistas. Esto le hizo perder gran parte de sus apoyos.
En 1841 aprobó un arancel con el que se abría el mercado español a los productos textiles ingleses. Esto provocó una fuerte protesta de los
trabajadores del sector textil catalán, pues veían sus intereses seriamente
amenazados. Espartero procedió con una durísima represión contra los
manifestantes, llegando incluso a bombardear la ciudad de Barcelona. Este
episodio terminó por hundir el prestigio de Espartero.
Tras la represión de Barcelona,
Espartero clausuró el Congreso y convocó elecciones para el mes de marzo.
Inmediatamente después de conformarse el nuevo Congreso la crisis política se
acentuó, al retirar esta cámara la confianza al gobierno. Esto hizo estallar
revueltas generalizadas por todo el territorio español, siendo los generales Prim, Serrano y Narváez los que
lideraron la sublevación militar. Cuando Narváez consiguió entrar en Madrid,
Espartero, que entonces se encontraba en Sevilla, se dirigió a Cádiz, donde
embarcó hacia Inglaterra.
4.
EL REINADO EFECTIVO DE ISABEL II
(1843-1868)
El nuevo gobierno progresista creyó
oportuno nombrar a Isabel II mayor de edad, para terminar de este modo con la
inestabilidad política asociada a las regencias. Las Cortes reconocieron la
mayoría de edad de la joven, a pesar de tener sólo trece años y de que la Constitución de 1837 estableciera que El
Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.
Los moderados, que eran mayoría en el
Congreso, se opusieron a las políticas profundamente progresistas del gobierno
y le retiraron la confianza, forzando de este modo su caída.
A partir de estos momentos se inició un
período de predominio moderado al que la historiografía ha denominado
tradicionalmente La Década Moderada (1844-1854).
4.1. Características
generales del período
Las características fundamentales de los 25 años de
reinado de Isabel II son las siguientes:
Por un lado fue un período de tendencia liberal muy conservador, articulado en torno a
la Constitución de 1845, que concedía el voto a una limitada clase de ricos
propietarios, antiguos aristócratas y burgueses, marginando de la política
a la inmensa mayoría de los españoles, es decir, a campesinado, obreros
industriales y trabajadores urbanos. Los gobiernos actuaron de forma muy
autoritaria, restringiendo las libertades individuales y colectivas.
Por otra parte hay que destacar del
período las continuas intromisiones de
la reina Isabel II en la vida política, apoyando firmemente a los sectores
más conservadores y obstaculizando el camino a los progresistas.
Otra característica es la continua intervención de los generales en
el Gobierno. Los opositores progresistas, al ver coartadas sus
posibilidades de acceder al gobierno, recurrieron frecuentemente a los militares
y a los pronunciamientos. Los conservadores también mantuvieron la presencia
militar al frente de los gobiernos para tratar de garantizar su posición, tanto
frente a los carlistas como frente a los liberales progresistas.
Los movimientos de protesta contra el régimen fueron continuamente aplastados: las huelgas
eran reprimidas con gran dureza, las asociaciones estaban prohibidas y sus
dirigentes fueron perseguidos.
Hasta
1854 sólo tuvieron representación parlamentaria los liberales moderados y los progresistas. A partir de esa fecha
aparecen nuevos partidos, como el Partido demócrata o la Unión Liberal.
Fuera del sistema se mantuvieron en la clandestinidad los republicanos.
4.2. La Década Moderada (1844-1854)
A la altura de 1844 se habían destruido
los principales baluartes del Antiguo Régimen feudal y eran ya sólidos los
cimientos del poder burgués. Esta situación era ya un hecho en la Europa de las burguesías, donde estos, los burgueses, una vez conquistado su
poder político, volcaba sus energías en el crecimiento de sus riquezas y en el
establecimiento de diques contra las nuevas fuerzas sociales que tempranamente
se le oponían.
En mayo de 1844 Narváez asumió la presidencia del gobierno. Desde entonces y hasta
1854 Narváez, y en menor medida Bravo Murillo, fue el principal protagonista
del panorama político. A pesar de la apariencia de estabilidad fue esta una etapa llena de convulsiones y
conflictos políticos en la que se sucedieron hasta doce gobiernos con distintos
presidentes.
El liberalismo moderado emprendió la
tarea de construir una estructura de Estado liberal en España bajo los
principios del centralismo y la uniformización. Las medidas más
significativas fueron:
- La creación
de la Guardia Civil en 1844; quedando demostrada la preocupación de los
moderados por la seguridad y el orden. La Guardia Civil era un cuerpo de
policía rural para la defensa de la propiedad y el orden.
- Aprobación de la
nueva
Ley de Ayuntamientos en 1845 que imponía el nombramiento gubernativo de
los Alcaldes. La Corona nombraba a los alcaldes y tenientes de alcalde en todas
las poblaciones que superasen los dos mil vecinos así como en las capitales de
provincia. En las restantes, los designaba el jefe político o gobernador civil.
En definitiva los ayuntamientos quedan reducidos a un eslabón administrativo
del poder central.
- Se emprendió una reforma fiscal y de la Hacienda (Alejandro
Mon y Ramón Santillán) a partir de 1845, creando un sistema moderno,
potenciando las contribuciones directas como base de los ingresos económicos
del Estado. Su objetivo era sustituir la anticuada fiscalidad del A. Régimen.
Así los impuestos quedaron clasificados en: Impuestos directos: sobre la base de una contribución
territorial sobre las propiedades inmobiliarias y sobre los rendimientos de las
fincas cultivadas; así como la Contribución que se pagaba por actividades
industriales y comerciales realizadas. Por otra parte, los Impuestos indirectos: sobre transmisión de bienes (herencia,
venta); sobre el consumo de artículos de primera necesidad (consumos); tasas
aduaneras...
- Paralelo a lo
anterior se llevarán a cabo medidas de reorganización
de la administración, desarrollada a partir de la división en
provincias de 1833 y encaminadas a reforzar el centralismo, a través del
fortalecimiento de Gobernadores civiles y militares y de las Diputaciones.
- Establecimiento
de un Concordato con la Iglesia (1851), normalizando las relaciones
que se habían deteriorado con motivo de las expropiaciones de tierras;
decretando la suspensión de la desamortización cuando ya no quedaba nada
eclesiástico que nacionalizar. La Iglesia reconocía a los nuevos propietarios.
Por su parte, el estado protegería la religión católica como la única y la
oficial de la nación española, cediendo a los eclesiásticos la supervisión del
sistema educativo y sobre todo comprometiéndose a mantener el culto y un sueldo
para el clero secular.
- Creación de una Ley
de imprenta, que restringe la libertad de publicar y estableció la
censura.
- Creación del Código
Penal, que suponía la unificación y codificación legal de todo el
Estado y del Código Civil, centrado en la defensa de la propiedad privada en
todos sus supuestos.
Sólo el País Vasco y Navarra
conservaron sus antiguos derechos forales, por el temor de un rebrote del
carlismo.
En cuanto al desarrollo político de la
época, cabe destacar el estallido de ´la segunda
guerra carlista entre 1846 y 1849.
Este conflicto estuvo muy focalizado en la zona catalana y se desarrolló a
través de guerrillas.
Asimismo, en 1848, al igual que en el
resto de Europa, se va a producir en España
una oleada de levantamientos, manifestaciones y protestas
revolucionarias ante la crisis económica, con sus secuelas de hambre y miseria.
La respuesta de los moderados será la suspensión de las garantías
constitucionales, emprendiendo una durísima represión, culminada con decenas de
fusilamientos.
Políticamente
hablando la década se resume en un control absoluto de los moderados,
parapetados en una corte, la “corte de
los milagros”, eje de las intrigas políticas y sobre todo económicas. La
reina Isabel II, no era sino el instrumento, de una camarilla y sobre todo de
su madre que llevará a cabo extraordinarios negocios, que la convertirán en una
de las principales fortunas de Europa.
La crisis
política del moderantismo se precipitaría tras el intento de Bravo
Murillo, jefe de gobierno moderado en los primeros años de 1850 de reformar la
Constitución, eliminándose prácticamente la vida parlamentaria, entregando todo
el poder al gobierno. Por ello, los
diputados de los distintos grupos se unieron contra este proyecto (que no fue
aprobado), forzando además la dimisión de Bravo Murillo en 1853. A partir de
ese momento el descontento contra los moderados por la corrupción, las intrigas
políticas, una coyuntura de crisis de subsistencia en el invierno de 1853-54 y
el descrédito de los ministros, precipitarán un nuevo pronunciamiento militar en 1854.
4.3. La Constitución de 1845
El general Narváez fue el inspirador de
la Constitución de 1845, que estuvo en vigor en España hasta 1869. Se trataba
ésta de una constitución de tendencia muy conservadora. Citemos algunas de sus
principales características:
a)
Sustitución
del principio de soberanía nacional por el principio de soberanía compartida de
la Corona con las Cortes, con esto se manifiesta el propósito de atraerse a
fuerzas residuales del Antiguo Régimen; así, la potestad de hacer las leyes
residía en las Cortes con el Rey, lo que supone un robustecimiento de la
autoridad del monarca. De este modo, se aseguraba la preeminencia de la Corona
en el proceso político.
b)
Presencia
de una declaración de derechos muy teórica, que deja para más tarde su plasmación en leyes, unas leyes
que de formularse lo harán limitándolos.
c)
La
exclusividad
de la religión católica, con el compromiso del Estado de mantener el
culto y clero.
d)
Supresión de la Milicia Nacional.
e)
Eliminación de los límites que la
Constitución de 1837 había establecido respecto a los poderes del Rey: nombraba
a los ministros, disolvía y convocaba a las Cortes, designaba a los senadores,
sin limitación de número, de forma que la mitad del legislativo dependía de su
decisión, se reservaba el nombramiento de alcaldes en prácticamente todos los
ayuntamientos de España.
f)
El poder legislativo, bicameral, quedaba
sustancialmente alterado. El Senado se equipara al Congreso, por lo que la
Corona al nombrar a éstos en número ilimitado y de forma vitalicia se alza con
el primado de la soberanía.
Como
se observa, la Constitución es un texto claramente conservador,
quedando cercenado cualquier amago de contrapoder (ayuntamientos, Milicia,
prensa) En definitiva, la vía
democrática de desarrollo del liberalismo estaba aplastada en beneficio del
Partido Moderado y la oligarquía.
La Ley electoral de 1846 concretó
esa realidad, al establecer unas rentas mínimas para poder votar que limitaron
el sufragio a sólo 99.000 electores en un país de 12 millones de habitantes
(0’7% de la población), en contraste de los 635.000 electores de la ley de
1837.
4.4. El Bienio Progresista
(1854-1856)
Fue, en definitiva, la política
económica y financiera de los moderados en los primeros años cincuenta,
impregnada por una corrupción generalizada y un escandaloso favoritismo a la
sombra del poder lo que provocó, un movimiento subversivo del que participarían
amplios sectores de la opinión liberal, que acabarían arrastrando a las capas
populares. Así, el 30 de julio de 1854, una fracción del ejército encabezada
por O’Donnell, general de tendencia
moderada, se pronunció en Vicálvaro, enfrentándose a las tropas
gubernamentales. El resultado de la acción quedó indeciso y O’Donnell se
retiró camino de Andalucía. En Manzanares se le unió el general Serrano y ambos decidieron lanzar un Manifiesto, redactado por un joven
abogado de gran importancia posterior, Cánovas del Castillo, con promesas
progresistas; en él se reivindicaba un proceso constituyente que regenerase el
sistema parlamentario, ampliase la base electoral, eliminase la influencia de
la camarilla real, y restituyese la Milicia Nacional. Los progresistas
consiguieron que O’Donnell firmase el manifiesto. El conocimiento de este
documento en todo el territorio provocó
numerosas insurrecciones de base popular en distintas ciudades, apoyándolo.
A la vista de las insurrecciones que se sucedieron en todo el país, la reina
Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del progresismo, el
general Espartero, quedando
O’Donnell como ministro de la Guerra.
Se convocaron unas elecciones que fueron ganadas por
los unionistas de O’Donnell y por los progresistas, partidos que gobernarían
conjuntamente durante estos dos años.
Finalizaba
así la Década Moderada y comenzaba lo que se llamó el Bienio Progresista,
que duraría hasta septiembre de 1856, un tiempo en el que los gobiernos
se esforzaron por poner en práctica medidas genuinamente liberales. En este
sentido, su preocupación por liberalizar
los derechos individuales y el mecanismo electoral, ensanchando las bases de los votantes, hecho que facilitó
que salieran a la luz corrientes políticas que habían sido duramente reprimidas
durante el régimen anterior (demócratas, republicanos, federalistas, socialistas...)
Igualmente, el naciente movimiento
obrero ensayó sus primeras fórmulas de acción, incluida la huelga general.
El
principal punto de partida fue la
elaboración de una nueva Constitución
que, al final, no fue promulgada (nonata). Esta ofrecía
una declaración de derechos más detallada que la de 1845 e incluía límites al
poder de la corona y del ejecutivo.
Los gobiernos de esta época desarrollaron una
legislación encaminada a sentar las bases para la modernización económica
del país. Entre las leyes que promovieron cabe destacar: La Ley de Desamortización de Madoz de
1855, que
trataba de terminar la iniciada por Mendizabal en 1836; la Ley General de Ferrocarriles de 1855, cuyo objetivo era promover el
desarrollo ferroviario, hasta entonces inexistente; la Ley de Sociedades Bancarias y crediticias que atrajo capitales
extranjeros.
P.Madoz |
El
contrapunto del Bienio, y una de las claves de su fracaso, fue el continuo clima de conflictividad social,
debido a: epidemias de cólera, alza de precios del trigo por la guerra de
Crimea, tensiones entre obreros y patronos, ocupaciones de fincas, tras
el despojo de que fueron objeto los campesinos en la desamortización de los
bienes municipales, duramente reprimidas y sobre todo el
incumplimiento de las promesas
(abolición del impuesto de consumos y de las quintas militares), hechas al
principio del periodo por el gobierno
progresista al que se había asociado un nuevo grupo político creado por O’Donnell de carácter ecléctico, la Unión Liberal.
Así pues, en julio de 1856 se agota el gobierno progresista, que dimite. En julio de 1856 Espartero
presentó su dimisión y la reina encargó a O’Donnell formar un nuevo gobierno.
4.5. La crisis del moderantismo
(1856-1868)
Esta etapa estuvo controlada por O’Donnell y su Unión
Liberal, partido ecléctico que aunaba las fuerzas más abiertas del moderantismo
y las menos radicales del progresismo. O´Donnell se encargó de restaurar el régimen que dos
años antes había ayudado a derribar, restableciendo los principios del
moderantismo.
La
Constitución de 1845 fue repuesta, al tiempo que se frenaba la legislación más
progresista del bienio anterior, interrumpiendo el proceso desamortizador y
anulando la libertad de imprenta.
Hasta
1863 la ola de prosperidad económica permitió a los unionistas gobernar sin
grandes problemas, hasta el punto de que durante cinco años
O’Donnell mantuvo el mismo gobierno (“Gobierno Largo”). Fue una época de euforia económica, con la construcción de los FFCC y las grandes inversiones bancarias y bursátiles. Igualmente, reseñar que se aprobó una nueva ley de educación (la Ley Moyano de 1857).
O’Donnell mantuvo el mismo gobierno (“Gobierno Largo”). Fue una época de euforia económica, con la construcción de los FFCC y las grandes inversiones bancarias y bursátiles. Igualmente, reseñar que se aprobó una nueva ley de educación (la Ley Moyano de 1857).
Cierta
prosperidad llegó también, de forma indirecta, a las clases populares, lo que
explica la ausencia de conflictos graves
en aquello años. Sólo una insurrección de jornaleros, en Loja, en 1861, fue
contestada por el gobierno con una dura represión.
General Prim |
La crisis final del reinado de Isabel
II llegará a partir de 1863. Efectivamente,
ese año el desgaste de la
acción de gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O’Donnell a presentar la dimisión. A partir de entonces comienza
una sucesión de gobiernos inestables y
autoritarios, alternativamente presididos por el propio O’Donnell y por
Narváez. Los progresistas se retiraron
de la vida parlamentaria ante la evidente imposibilidad de ser llamados a
gobernar, y, dirigidos por el general Prim, pasaron, junto a demócratas y
republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la propia Isabel II.
Lentamente, la mayor parte de la opinión pública comenzó a achacar a la Corona
la responsabilidad del desastre político.
Así pues, partir de 1866 los últimos gobiernos de signo moderado
desarrollaron una política muy
conservadora y autoritaria, extremadamente represiva produciéndose una serie de
acontecimientos políticos muy graves, entre los que cabe destacar los sucesos de la noche de San Daniel 10 de abril de
1865, cuando miembros de la Guardia Civil apoyados por elementos de infantería
dispararon contra estudiantes que se manifestaban contra la destitución del
rector de la Universidad, matando a 9 de ellos, o la sublevación
del cuartel de San Gil de ese mismo año, ante la cual el gobierno reaccionó
enérgicamente, provocando sesenta muertos y cientos de heridos, más sesenta y
seis oficiales y suboficiales que fueron fusilados.
Así, a partir de 1866 amplios sectores de la sociedad
coincidieron en la necesidad de dar un giro a la situación, para lo cual no bastaba cambiar el gobierno sino
hacer caer a la monarquía isabelina. Con el objetivo de destronar a la reina y
convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal, progresistas,
demócratas , republicanos y, tras la muerte de O’Donnell, la Unión Liberal firmaron en agosto de 1866 un
acuerdo conocido como el Pacto de Ostende.
Así pues, a partir de 1868 se va desencadenar un proceso revolucionario que comenzará, siendo uno más de los pronunciamientos militares de la época (encabezado por Serrano, Prim, Topete) y que terminará, con el destronamiento de Isabel II (septiembre de 1868), gracias al apoyo popular expresado en Juntas locales y provinciales.
Entre las causas que pueden explicar el triunfo del proceso revolucionario se
pueden señalar:
- El deterioro de la situación económica, a
partir de 1864, expresada en crisis de la industria textil catalana como consecuencia de la falta de
algodón que provocó la Guerra de Secesión estadounidense y de la
construcción ferroviaria por su falta de rentabilidad, el hundimiento
de las Bolsas europeas en 1866, quiebra de empresas, bancarrota de la Hacienda
pública, crisis de subsistencia por el paro industrial y por las pésimas cosechas
de 1866 y 1867, que se traduce en hambre y exasperación de la población
ante la represión que ejercía el gobierno ante las protestas.
- Aislamiento de la Reina y de los moderados, cuya
única política consistía en el mantenimiento del orden y del sistema oligárquico. Además tras la
muerte de O’Donnell y Narváez, el gobierno de González Bravo se presentó como una auténtica dictadura civil; por
lo que incluso desde las filas del moderantismo se empezó a considerar el
régimen isabelino como un obstáculo para resolver las graves dificultades
políticas, sociales y económicas.
La revolución que destronó a Isabel II
estalló en Cádiz, donde el 19 de septiembre, la escuadra allí concentrada al
mando del brigadier Topete, se sublevó al grito de Viva España con honra.
Inmediatamente se constituyeron en numerosas ciudades españolas Juntas
revolucionarias que organizaron la revolución y buscaron el apoyo popular.
CONCLUSIÓN DEL TEMA
El reinado de Isabel II supuso la
definitiva estabilización del régimen liberal o Nuevo Régimen y la formación y
creación del Estado Liberal que va a perdurar hasta la actualidad.
Dominó -salvo en el bienio Progresista-
el liberalismo doctrinario o censitario, con el partido moderado, conservador o
templado, cuya base social era la oligarquía, imponiéndose sus conceptos
políticos (soberanía compartida, gran poder del rey, sufragio censitario, no al
jurado popular, ni milicia nacional, ni elecciones municipales)
La debilidad democrática era
manifiesta, menudearon los pronunciamientos militares y el protagonismo
político de ellos. Existía una gran diferencia entre la España real y la
oficial, asistiendo al inicio del caciquismo que se consolidaría con la
Restauración.
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