sábado, 23 de agosto de 2014

TEMA 3. REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II




1.    INTRODUCCIÓN.
2.    LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839).
3.    LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO DURANTE LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA (1833-1840) Y DE ESPARTERO (1841-1843).
3.1. Primer período moderado (1833-1835)
3.2. Los progresistas en el poder (1835-1837)
3.3. Los moderados vuelven al gobierno (1837-1840)
3.4. La regencia de Espartero (1840-1843)
4.    EL REINADO EFECTIVO DE ISABEL II (1843-1868)
4.1.  Características generales del período
4.2.  La Década Moderada (1844-1854)
4.3.  La Constitución de 1845
4.4.  El Bienio Progresista (1854-1856)
4.5. La crisis del moderantismo (1856-1868)

1. INTRODUCCIÓN

         El reinado de Isabel II (1843-1868) es un período muy complejo en el que se produjeron importantes transformaciones en el ámbito político, social y económico.
       
 
  El Antiguo Régimen fue definitivamente desmantelado, permitiendo el desarrollo de un estado burgués parlamentario, dirigido por una nueva clase social, la burguesía agraria, fruto de la alianza entre la antigua aristocracia y la burguesía.

         Se pusieron las bases del sistema económico capitalista moderno y se produjo el paso de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Fue en esta época cuando surgió el movimiento obrero, que aunque lento al principio, terminaría irrumpiendo con fuerza a finales del reinado de Isabel II.

         El período estuvo salpicado por guerras civiles, las guerras carlistas, y por varios pronunciamientos militares.

2. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1839)

         Fernando VII murió en 1833 sin descendencia masculina.  La Ley de Partidas,  permitía el acceso al trono de la descendencia femenina. Pero esta Ley fue sustituida por la Ley Sálica, establecida por Felipe V en 1713 por la cual quedaba excluido el acceso al trono de las mujeres.

         Las Cortes de 1789, convocadas por Carlos IV, restituyeron mediante una Pragmática Sanción el antiguo orden sucesorio, pero esta decisión no llegó a promulgarse. Sin embargo, Fernando VII en 1830, mismo año en que nació su hija mayor (futura Isabel II), hizo pública la Pragmática Sanción de 1789.

         Dos días después de la muerte de Fernando VII, el hermano del difunto, Carlos María Isidro de Borbón, al no aceptar la nueva legalidad,  se
Carlos María Isidro
autoproclamó rey de España. Inmediatamente surgieron por distintas partes del territorio español partidas carlistas. La regente María Cristina buscó el apoyo de los liberales para garantizar el trono a su hija Isabel, de sólo tres años de edad.

Se inició de este modo una guerra civil que no debe ser entendida como una simple guerra dinástica, sino como una guerra de fuerte contenido ideológico, político y de clase. En el bando carlista estaban los absolutistas más intransigentes: encontramos a una parte importante de la nobleza; a los sectores más ultraconservadores de la administración y del ejército; a la mayoría del bajo clero; así como una parte importante del campesinado y de los sectores artesanales, que temían que las novedades terminaran por hundir sus talleres. El absolutismo monárquico, el ultracatolicismo, la defensa de los fueros y el régimen tradicional de propiedad de la tierra constituían los elementos fundamentales de la ideología carlista. Su lema: DIOS, PATRIA Y REY (resumido en Trono y Altar)

         El bando cristino, el que se formó en torno a la regente María Cristina y su hija Isabel, obtuvo el respaldo de los sectores liberales reformistas, que vieron en la defensa de esta causa la oportunidad perfecta para ganar la influencia que les permitiera emprender las reformas necesarias para transformar el país. Aquí encontramos también otra parte importante de los generales y del ejército, así como las clases medias urbanas, los intelectuales, los obreros industriales y el campesinado del sur peninsular.

         El gobierno de María Cristina fue reconocido internacionalmente desde el principio y contó con el apoyo diplomático y militar de Inglaterra, Portugal y Francia (La Cuádruple Alianza).Las potencias absolutistas (Austria, Prusia y Rusia) apoyaron a los carlistas. La guerra estalló el 1-X-1833, y finalizó en 1840. Se desarrolló sobre todo en dos áreas: el territorio vasco-navarro y el Maestrazgo, aunque las correrías afectaron a todo el país. Las fases fueron: 

Primera fase (1833-35). Protagonismo Carlista.

         La guerra comenzó siendo favorable para los carlistas, que derrotaron repetidamente a las tropas cristinas. Las expediciones hacia el sur terminaron fracasando así como el asalto para tomar Madrid en 1837. Además, en 1835 murió en el asalto de Bilbao Zumalacárregui, el mejor estratega carlista.



Segunda fase. 1835-1837. Grandes cabalgadas y la guerra de guerrillas.

         Los carlistas rehúyen el enfrentamiento directo y optan por la guerra de guerrillas contra el ejército liberal mejor organizado. Organizan grandes expediciones que llegan hasta Cádiz o Madrid (Expedición Real), pero no logran extender ni la guerra, ni su zona de influencia. En esta fase cobró especial virulencia la guerra en el Maestrazgo, cuyas operaciones dirigía el general carlista Ramón Cabrera.

 Tercera fase. 1837-1840. Escisiones internas carlistas, triunfo de Isabel II. 

         En esta fase el protagonismo es de los liberales y de María Cristina. Al frente del ejército liberal destacará el general Espartero. Los carlistas sufren una gran crisis interna ya que se escinden en los moderados partidarios de
Abrazo de Vergara
pactar con María Cristina, liderados por Maroto y los apostólicos o intransigentes liderados por Cabrera. Los primeros pactan con los liberales, rindiéndose en el “Abrazo de Vergara” entre Espartero y Maroto (los carlistas conservaban sus fueros y los militares su graduación). Los segundos liderados por Cabrera van a resistir hasta 1840 en el Maestrazgo donde son derrotados definitivamente y tienen que exiliarse. 

         La guerra generó miles de muertos, tanto militares como civiles, y provocó una gran destrucción material y económica, especialmente en el norte, donde el espíritu carlista se mantuvo arraigado durante generaciones.

 3. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO DURANTE LAS REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA (1833-1840) Y DE ESPARTERO (1841-1843)

3.1. Primer período moderado (1833-1835)
        
         Al iniciarse la Regencia (1833), destaca la continuidad en el gobierno de Francisco Cea Bermúdez como primer ministro hasta 1834. Éste, actuando aun como un déspota ilustrado, margina del poder a amplias capas de la opinión pública. En este periodo cabe destacar la división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos.

         En este contexto de guerra, y ante la necesidad de recabar apoyos para su causa y la de su hija, María Cristina llamó al liberal moderado Martínez de la Rosa para formar gobierno. Éste la convenció de la necesidad de propiciar el aperturismo del régimen. 

         Fruto de este espíritu aperturista fue el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que regulaba la convocatoria de unas Cortes de carácter extremadamente conservador y elitista, tanto por su composición  como por el modo de elección, mediante sufragio censitario indirecto. Además, otorgaba a la Corona una amplia capacidad legislativa y de veto, pudiendo incluso disolver libremente las Cortes. Dado su carácter restrictivo pronto se abrió paso la idea de sustituirlo por un texto más progresista. 

         Entre los liberales podían distinguirse dos tendencias políticas: por un lado estaban los moderados (doceañistas), que respaldaban la actuación del gobierno y se oponían a cambios radicales; por otro lado estaban los progresistas (exaltados), que aspiraban a mayores reformas y a la reposición de la Constitución de 1812 frente al Estatuto Real de 1834.

         La falta de recursos económicos, los errores tácticos y las victorias carlistas hicieron crecer el descontento frente al gobierno, al tiempo que crecía el apoyo a los liberales progresistas.

3.2. Los progresistas en el poder (1835-1837)
        
         En el verano de 1835 se iniciaron una serie de revueltas urbanas por todo el país, produciéndose episodios de anticlericalismo, con el asalto y la quema de conventos, al tiempo que surgían en distintas ciudades Juntas revolucionarias que redactaron proclamas en las que reclamaban básicamente: Reunión de Cortes, Libertad de prensa, Nueva Ley electoral y reclutamiento para hacer frente a los carlistas.

         María Cristina se vio obligada a nombrar a un liberal progresista como jefe de Gobierno, a Juan Álvarez de Mendizábal. Éste comenzó a desarrollar y aplicar una legislación de corte progresista encaminada a desmantelar el sistema legal en que se asentaba el Antiguo Régimen. Entre sus principales medidas destacan: contribuciones extraordinarias para encarar la guerra, Ley de libertad de prensa y el Decreto de desamortización de los bienes del clero regular.

         Pero esta política progresista provocó la reacción de los moderados, especialmente cuando sacó adelante su proyecto desamortizador. María Cristina forzó entonces, en 1836, la dimisión de Mendizábal. A continuación la regente trató de detener las reformas puestas en marcha, lo cual provocó una nueva insurrección progresista en verano de 1836. María Cristina, con la Guardia Real del palacio de la Granja sublevada, se vio obligada a restablecer la Constitución de 1812 hasta que se elabore otro texto constitucional y a devolver el gobierno a los progresistas.

         El nuevo gobierno progresista reemprendió la labor de demolición del Antiguo Régimen: 

-        Supresión el régimen señorial, las vinculaciones y el mayorazgo:
-        Eliminación del diezmo
-        Implantación de una ley municipal que permite a los municipios elegir a sus alcaldes mediante sufragio
-        Sustitución de los jefes del ejército. El general Espartero es colocado al frente para dirigir la guerra.

         Las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1837, con la que se pretendía contentar tanto a liberales progresistas como a los moderados. Por un lado proclamaba la Soberanía Nacional y concedía derechos individuales, pero, por otro lado, mantenía un poder ejecutivo fuerte en manos del rey; establecía unas Cortes bicamerales, con un Congreso elegido mediante sufragio censitario y un Senado de designación real.

3.3.        Los moderados vuelven al gobierno (1837-1840)

         Aprobada la Constitución, se convocaron unas elecciones que dieron el poder a los moderados, que se mantendrían en el gobierno hasta 1840. Durante esta etapa desvirtuaron parcialmente los elementos más progresistas de la nueva legislación, aunque sin salirse del marco constitucional. Finalmente, en 1840, trataron de modificar la ley municipal que permitía a los municipios elegir a sus alcaldes. Los sectores progresistas se opusieron frontalmente a tales pretensiones, protagonizando un movimiento insurreccional que desembocó en la formación de Juntas Revolucionarias en numerosas ciudades españolas. Esto provocó la dimisión de María Cristina y su huída de España. Entonces los progresistas dieron su apoyo al general Espartero, el gran vencedor de la Guerra Carlista.

3.4.        La regencia de Espartero (1840-1843)

         Espartero se convirtió en nuevo regente. Una vez en el poder procedió con la disolución de las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones que dieron el poder a los progresistas. Gobernó Espartero de un modo muy autoritario, sin cooperar con las cortes y reprimiendo las protestas tanto de moderados como de progresistas. Esto le hizo perder gran parte de sus apoyos.

         En 1841 aprobó un arancel con el que se abría el mercado español a los productos textiles ingleses. Esto provocó una fuerte protesta de los trabajadores del sector textil catalán, pues veían sus intereses seriamente 

amenazados. Espartero procedió con una durísima represión contra los manifestantes, llegando incluso a bombardear la ciudad de Barcelona. Este episodio terminó por hundir el prestigio de Espartero.
 
Crítica al arancel Espartero

         Tras la represión de Barcelona, Espartero clausuró el Congreso y convocó elecciones para el mes de marzo. Inmediatamente después de conformarse el nuevo Congreso la crisis política se acentuó, al retirar esta cámara la confianza al gobierno. Esto hizo estallar revueltas generalizadas por todo el territorio español, siendo los generales Prim, Serrano y Narváez los que lideraron la sublevación militar. Cuando Narváez consiguió entrar en Madrid, Espartero, que entonces se encontraba en Sevilla, se dirigió a Cádiz, donde embarcó hacia Inglaterra.

4.    EL REINADO EFECTIVO DE ISABEL II (1843-1868)

         El nuevo gobierno progresista creyó oportuno nombrar a Isabel II mayor de edad, para terminar de este modo con la inestabilidad política asociada a las regencias. Las Cortes reconocieron la mayoría de edad de la joven, a pesar de tener sólo trece años y de que  la Constitución de 1837 estableciera que El Rey es menor de edad hasta cumplir catorce años.




         Los moderados, que eran mayoría en el Congreso, se opusieron a las políticas profundamente progresistas del gobierno y le retiraron la confianza, forzando de este modo su caída.

         A partir de estos momentos se inició un período de predominio moderado al que la historiografía ha denominado tradicionalmente La Década Moderada (1844-1854).

           4.1.    Características generales del período

Las características fundamentales de los 25 años de reinado de Isabel II son las siguientes:

         Por un lado fue un período de tendencia liberal muy conservador, articulado en torno a la Constitución de 1845, que concedía el voto a una limitada clase de ricos propietarios, antiguos aristócratas y burgueses, marginando de la política a la inmensa mayoría de los españoles, es decir, a campesinado, obreros industriales y trabajadores urbanos. Los gobiernos actuaron de forma muy autoritaria, restringiendo las libertades individuales y colectivas.

         Por otra parte hay que destacar del período las continuas intromisiones de la reina Isabel II en la vida política, apoyando firmemente a los sectores más conservadores y obstaculizando el camino a los progresistas.

         Otra característica es la continua intervención de los generales en el Gobierno. Los opositores progresistas, al ver coartadas sus posibilidades de acceder al gobierno, recurrieron frecuentemente a los militares y a los pronunciamientos. Los conservadores también mantuvieron la presencia militar al frente de los gobiernos para tratar de garantizar su posición, tanto frente a los carlistas como frente a los liberales progresistas.



         Los movimientos de protesta contra el régimen fueron continuamente aplastados: las huelgas eran reprimidas con gran dureza, las asociaciones estaban prohibidas y sus dirigentes fueron perseguidos.

         Hasta 1854 sólo tuvieron representación parlamentaria los liberales moderados y los progresistas. A partir de esa fecha aparecen nuevos partidos, como el Partido demócrata o la Unión Liberal. Fuera del sistema se mantuvieron en la clandestinidad los republicanos.

4.2. La Década Moderada (1844-1854)

         A la altura de 1844 se habían destruido los principales baluartes del Antiguo Régimen feudal y eran ya sólidos los cimientos del poder burgués. Esta situación era ya un hecho en la Europa de las burguesías, donde estos, los burgueses,  una vez conquistado su poder político, volcaba sus energías en el crecimiento de sus riquezas y en el establecimiento de diques contra las nuevas fuerzas sociales que tempranamente se le oponían.

         En mayo de 1844 Narváez asumió la presidencia del gobierno. Desde entonces y hasta 1854 Narváez, y en menor medida Bravo Murillo, fue el principal protagonista del panorama político. A pesar de la apariencia de estabilidad  fue esta una etapa llena de convulsiones y conflictos políticos en la que se sucedieron hasta doce gobiernos con distintos presidentes.



         El liberalismo moderado emprendió la tarea de construir una estructura de Estado liberal en España bajo los principios del centralismo y la uniformización. Las medidas más significativas fueron:

-      La creación de la Guardia Civil en 1844; quedando demostrada la preocupación de los moderados por la seguridad y el orden. La Guardia Civil era un cuerpo de policía rural para la defensa de la propiedad y el orden.

-      Aprobación de la nueva Ley de Ayuntamientos en 1845 que imponía el nombramiento gubernativo de los Alcaldes. La Corona nombraba a los alcaldes y tenientes de alcalde en todas las poblaciones que superasen los dos mil vecinos así como en las capitales de provincia. En las restantes, los designaba el jefe político o gobernador civil. En definitiva los ayuntamientos quedan reducidos a un eslabón administrativo del poder central.

-    Se emprendió una reforma fiscal y de la Hacienda (Alejandro Mon y Ramón Santillán) a partir de 1845, creando un sistema moderno, potenciando las contribuciones directas como base de los ingresos económicos del Estado. Su objetivo era sustituir la anticuada fiscalidad del A. Régimen. Así los impuestos quedaron clasificados en: Impuestos directos: sobre la base de una contribución territorial sobre las propiedades inmobiliarias y sobre los rendimientos de las fincas cultivadas; así como la Contribución que se pagaba por actividades industriales y comerciales realizadas. Por otra parte, los Impuestos indirectos: sobre transmisión de bienes (herencia, venta); sobre el consumo de artículos de primera necesidad (consumos); tasas aduaneras...

-    Paralelo a lo anterior  se llevarán a cabo medidas de reorganización de la administración, desarrollada a partir de la división en provincias de 1833 y encaminadas a reforzar el centralismo, a través del fortalecimiento de Gobernadores civiles y militares y de las Diputaciones.

-    Establecimiento de un Concordato con la Iglesia (1851), normalizando las relaciones que se habían deteriorado con motivo de las expropiaciones de tierras; decretando la suspensión de la desamortización cuando ya no quedaba nada eclesiástico que nacionalizar. La Iglesia reconocía a los nuevos propietarios. Por su parte, el estado protegería la religión católica como la única y la oficial de la nación española, cediendo a los eclesiásticos la supervisión del sistema educativo y sobre todo comprometiéndose a mantener el culto y un sueldo para el clero secular.

-    Creación de una Ley de imprenta, que restringe la libertad de publicar y estableció la censura.

-    Creación del Código Penal, que suponía la unificación y codificación legal de todo el Estado y del Código Civil, centrado en la defensa de la propiedad privada en todos sus supuestos.

         Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, por el temor de un rebrote del carlismo.

         En cuanto al desarrollo político de la época, cabe destacar el estallido de ´la segunda guerra carlista  entre 1846 y 1849. Este conflicto estuvo muy focalizado en la zona catalana y se desarrolló a través de guerrillas.

         Asimismo, en 1848, al igual que en el resto de Europa, se va a producir en España  una oleada de levantamientos, manifestaciones y protestas revolucionarias ante la crisis económica, con sus secuelas de hambre y miseria. La respuesta de los moderados será la suspensión de las garantías constitucionales, emprendiendo una durísima represión, culminada con decenas de fusilamientos.

Políticamente hablando la década se resume en un control absoluto de los moderados, parapetados en una corte, la “corte de los milagros”, eje de las intrigas políticas y sobre todo económicas. La reina Isabel II, no era sino el instrumento, de una camarilla y sobre todo de su madre que llevará a cabo extraordinarios negocios, que la convertirán en una de las principales fortunas de Europa. 



         La crisis política del moderantismo se precipitaría tras el intento de Bravo Murillo, jefe de gobierno moderado en los primeros años de 1850 de reformar la Constitución, eliminándose prácticamente la vida parlamentaria, entregando todo el poder al gobierno.  Por ello, los diputados de los distintos grupos se unieron contra este proyecto (que no fue aprobado), forzando además la dimisión de Bravo Murillo en 1853. A partir de ese momento el descontento contra los moderados por la corrupción, las intrigas políticas, una coyuntura de crisis de subsistencia en el invierno de 1853-54 y el descrédito de los ministros, precipitarán un nuevo pronunciamiento militar en 1854.

4.3. La Constitución de 1845

         El general Narváez fue el inspirador de la Constitución de 1845, que estuvo en vigor en España hasta 1869. Se trataba ésta de una constitución de tendencia muy conservadora. Citemos algunas de sus principales características:

a)    Sustitución del principio de soberanía nacional por el principio de soberanía compartida de la Corona con las Cortes, con esto se manifiesta el propósito de atraerse a fuerzas residuales del Antiguo Régimen; así, la potestad de hacer las leyes residía en las Cortes con el Rey, lo que supone un robustecimiento de la autoridad del monarca. De este modo, se aseguraba la preeminencia de la Corona en el proceso político.

b)   Presencia de una declaración de derechos muy teórica, que deja para más tarde su plasmación en leyes, unas leyes que de formularse lo harán limitándolos. 

c)    La exclusividad de la religión católica, con el compromiso del Estado de mantener el culto y clero.

d)   Supresión de la Milicia Nacional.

e)    Eliminación de los límites que la Constitución de 1837 había establecido respecto a los poderes del Rey: nombraba a los ministros, disolvía y convocaba a las Cortes, designaba a los senadores, sin limitación de número, de forma que la mitad del legislativo dependía de su decisión, se reservaba el nombramiento de alcaldes en prácticamente todos los ayuntamientos de España.

f)     El poder legislativo, bicameral, quedaba sustancialmente alterado. El Senado se equipara al Congreso, por lo que la Corona al nombrar a éstos en número ilimitado y de forma vitalicia se alza con el primado de la soberanía.

Como se observa, la Constitución es un texto claramente conservador, quedando cercenado cualquier amago de contrapoder (ayuntamientos, Milicia, prensa)  En definitiva, la vía democrática de desarrollo del liberalismo estaba aplastada en beneficio del Partido Moderado y la oligarquía.

 La Ley electoral de 1846 concretó esa realidad, al establecer unas rentas mínimas para poder votar que limitaron el sufragio a sólo 99.000 electores en un país de 12 millones de habitantes (0’7% de la población), en contraste de los 635.000 electores de la ley de 1837.

         4.4. El Bienio Progresista (1854-1856)
        
         Fue, en definitiva, la política económica y financiera de los moderados en los primeros años cincuenta, impregnada por una corrupción generalizada y un escandaloso favoritismo a la sombra del poder lo que provocó, un movimiento subversivo del que participarían amplios sectores de la opinión liberal, que acabarían arrastrando a las capas populares. Así, el 30 de julio de 1854, una fracción del ejército encabezada por O’Donnell, general de tendencia moderada, se pronunció en Vicálvaro, enfrentándose a las tropas gubernamentales. El resultado de la acción quedó indeciso y O’Donnell se retiró camino de Andalucía. En Manzanares se le unió el general Serrano y ambos decidieron lanzar un Manifiesto, redactado por un joven abogado de gran importancia posterior, Cánovas del Castillo, con promesas progresistas; en él se reivindicaba un proceso constituyente que regenerase el sistema parlamentario, ampliase la base electoral, eliminase la influencia de la camarilla real, y restituyese la Milicia Nacional. Los progresistas consiguieron que O’Donnell firmase el manifiesto. El conocimiento de este documento en todo el territorio provocó numerosas insurrecciones de base popular en distintas ciudades, apoyándolo. A la vista de las insurrecciones que se sucedieron en todo el país, la reina Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del progresismo, el general Espartero, quedando O’Donnell como ministro de la Guerra.

Se convocaron unas elecciones que fueron ganadas por los unionistas de O’Donnell y por los progresistas, partidos que gobernarían conjuntamente durante estos dos años.



         Finalizaba así la Década Moderada y comenzaba lo que se llamó el Bienio Progresista, que duraría hasta septiembre de 1856, un tiempo en el que los gobiernos se esforzaron por poner en práctica medidas genuinamente liberales. En este sentido, su preocupación por liberalizar los derechos individuales y el mecanismo electoral, ensanchando  las bases de los votantes, hecho que facilitó que salieran a la luz corrientes políticas que habían sido duramente reprimidas durante el régimen anterior (demócratas, republicanos, federalistas, socialistas...) Igualmente, el naciente movimiento obrero ensayó sus primeras fórmulas de acción, incluida la huelga general.





         El  principal punto de partida  fue la elaboración de una nueva Constitución que, al final, no fue promulgada (nonata). Esta ofrecía una declaración de derechos más detallada que la de 1845 e incluía límites al poder de la corona y del ejecutivo.

Los gobiernos de esta época desarrollaron una legislación encaminada a sentar las bases para la modernización económica del país. Entre las leyes que promovieron cabe destacar: La Ley de Desamortización de Madoz de
P.Madoz
1855, que trataba de terminar la iniciada por Mendizabal en 1836; la Ley General de Ferrocarriles de 1855, cuyo objetivo era promover el desarrollo ferroviario, hasta entonces inexistente; la Ley de Sociedades Bancarias y crediticias que atrajo capitales extranjeros.

El contrapunto del Bienio, y una de las claves de su fracaso, fue el continuo clima de conflictividad social, debido a: epidemias de cólera, alza de precios del trigo por la guerra de Crimea, tensiones entre obreros y patronos, ocupaciones de fincas, tras el despojo de que fueron objeto los campesinos en la desamortización de los bienes municipales, duramente reprimidas y sobre todo el incumplimiento  de las promesas (abolición del impuesto de consumos y de las quintas militares), hechas al principio del periodo  por el gobierno progresista al que se había asociado un nuevo grupo político creado por O’Donnell de carácter ecléctico, la Unión Liberal.

Así pues, en julio de 1856 se agota el gobierno progresista, que dimite. En julio de 1856 Espartero presentó su dimisión y la reina encargó a O’Donnell formar un nuevo gobierno.

        

         4.5. La crisis del moderantismo (1856-1868)

Esta etapa estuvo controlada por O’Donnell y su Unión Liberal, partido ecléctico que aunaba las fuerzas más abiertas del moderantismo y las menos radicales del progresismo. O´Donnell se encargó de restaurar el régimen que dos años antes había ayudado a derribar, restableciendo los principios del moderantismo.

La Constitución de 1845 fue repuesta, al tiempo que se frenaba la legislación más progresista del bienio anterior, interrumpiendo el proceso desamortizador y anulando la libertad de imprenta.

Hasta 1863 la ola de prosperidad económica permitió a los unionistas gobernar sin grandes problemas, hasta el punto de que durante cinco años
O’Donnell mantuvo el mismo gobierno (“Gobierno Largo”). Fue una época de euforia económica, con la construcción de los FFCC y las grandes inversiones bancarias y bursátiles. Igualmente, reseñar que se aprobó una nueva ley de educación (la Ley Moyano de 1857).

Cierta prosperidad llegó también, de forma indirecta, a las clases populares, lo que explica la ausencia de conflictos graves en aquello años. Sólo una insurrección de jornaleros, en Loja, en 1861, fue contestada por el gobierno con una dura represión.

General Prim
Quizás lo más significativo del periodo de la Unión Liberal fue una activa y agresiva política exterior, con el fin de desviar la atención sobre los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica. Sucesivamente, se envió una fuerza expedicionaria a Indochina (1858-63), justificada por el asesinato de varios misioneros. Después vino la guerra contra Marruecos (1859-60), que respondió a un intento de expansión colonial en el norte de África y donde destacó el general Prim. Luego el intento fallido de recuperar la isla de Santo Domingo, en 1861. Ese mismo año se inició la expedición a Méjico, junto a ingleses y franceses, para castigar el impago de la deuda por parte del Gobierno mejicano. Y por último la guerra contra Perú y Chile, a raíz de varios incidentes comerciales y navales.

         La crisis final del reinado de Isabel II llegará a partir de 1863. Efectivamente,  ese año el desgaste de la acción de gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O’Donnell a presentar la dimisión. A partir de entonces comienza una sucesión de gobiernos inestables y autoritarios, alternativamente presididos por el propio O’Donnell y por Narváez. Los progresistas se retiraron de la vida parlamentaria ante la evidente imposibilidad de ser llamados a gobernar, y, dirigidos por el general Prim, pasaron, junto a demócratas y republicanos a denunciar el sistema constitucional y a la propia Isabel II. Lentamente, la mayor parte de la opinión pública comenzó a achacar a la Corona la responsabilidad del desastre político.
   
         Así pues, partir de 1866 los últimos gobiernos de signo moderado desarrollaron una política muy conservadora y autoritaria, extremadamente represiva produciéndose una serie de acontecimientos políticos muy graves, entre los que cabe destacar los sucesos de la noche de San Daniel 10 de abril de 1865, cuando miembros de la Guardia Civil apoyados por elementos de infantería dispararon contra estudiantes que se manifestaban contra la destitución del rector de la Universidad, matando a 9 de ellos, o la sublevación del cuartel de San Gil de ese mismo año, ante la cual el gobierno reaccionó enérgicamente, provocando sesenta muertos y cientos de heridos, más sesenta y seis oficiales y suboficiales que fueron fusilados.

Así, a partir de 1866 amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de dar un giro a la situación, para  lo cual no bastaba cambiar el gobierno sino hacer caer a la monarquía isabelina. Con el objetivo de destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal, progresistas, demócratas , republicanos y, tras la muerte de O’Donnell, la  Unión Liberal firmaron en agosto de 1866 un acuerdo conocido como el Pacto de Ostende.

Gobierno Provisional nacido en el Pacto de Ostende




Así pues, a partir de 1868 se va desencadenar un proceso revolucionario que comenzará, siendo uno más de los pronunciamientos militares de la época (encabezado por Serrano, Prim, Topete) y que terminará, con el destronamiento de Isabel II (septiembre de 1868), gracias al apoyo popular expresado en Juntas locales y provinciales.

         Entre las causas que pueden explicar el triunfo del proceso revolucionario se pueden señalar:

-    El deterioro de la situación económica, a partir de 1864, expresada en crisis de la industria textil catalana como consecuencia de la falta de algodón que provocó la Guerra de Secesión estadounidense y de la construcción ferroviaria por su falta de rentabilidad, el hundimiento de las Bolsas europeas en 1866, quiebra de empresas, bancarrota de la Hacienda pública, crisis de subsistencia por el paro industrial y por las pésimas cosechas de 1866 y 1867, que se traduce en hambre y exasperación de la población ante la represión que ejercía el gobierno ante las protestas.

-    Aislamiento de la Reina y de los moderados, cuya única política consistía en el mantenimiento del orden y del sistema oligárquico. Además tras la muerte de O’Donnell y Narváez, el gobierno de González Bravo se presentó como una auténtica dictadura civil; por lo que incluso desde las filas del moderantismo se empezó a considerar el régimen isabelino como un obstáculo para resolver las graves dificultades políticas, sociales y económicas.

         La revolución que destronó a Isabel II estalló en Cádiz, donde el 19 de septiembre, la escuadra allí concentrada al mando del brigadier Topete, se sublevó al grito de Viva España con honra. Inmediatamente se constituyeron en numerosas ciudades españolas Juntas revolucionarias que organizaron la revolución y buscaron el apoyo popular.

                   CONCLUSIÓN DEL TEMA

         El reinado de Isabel II supuso la definitiva estabilización del régimen liberal o Nuevo Régimen y la formación y creación del Estado Liberal que va a perdurar hasta la actualidad. 

         Dominó -salvo en el bienio Progresista- el liberalismo doctrinario o censitario, con el partido moderado, conservador o templado, cuya base social era la oligarquía, imponiéndose sus conceptos políticos (soberanía compartida, gran poder del rey, sufragio censitario, no al jurado popular, ni milicia nacional, ni elecciones municipales) 




         La debilidad democrática era manifiesta, menudearon los pronunciamientos militares y el protagonismo político de ellos. Existía una gran diferencia entre la España real y la oficial, asistiendo al inicio del caciquismo que se consolidaría con la Restauración.

           

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